Columbia se encuentra actualmente en el centro de la atención mediática debido a un acuerdo significativo que resalta las tensiones entre las instituciones académicas y el gobierno de Estados Unidos. La prestigiosa universidad de Nueva York ha anunciado que pagará 221 millones de dólares (188 millones de euros) al gobierno estadounidense como parte de un acuerdo para cerrar las investigaciones federales en su contra por asuntos relacionados con el antisémitismo.
Desde la llegada de Donald Trump al poder en enero, sus políticas han apuntado a varias universidades privadas de élite, utilizando los movimientos estudiantiles propalestinos como justificación para atacar lo que considera bastiones del progresismo y de la crítica académica.
En marzo de este año, la administración Trump acusó a Columbia de ser débil ante las alegaciones de antisemitsmo y acoso hacia miembros de la comunidad judía e israelí. Como resultado, se le retiraron 400 millones de dólares en financiación federal. De acuerdo con el New York Times, investigadores del proyecto Grant Watch han estimado que aproximadamente 1,2 mil millones de dólares en financiamiento prometido a Columbia fueron suprimidos o congelados.
Según el acuerdo anunciado, la mayoría de las subvenciones federales que fueron suprimidas en marzo de 2025 serán restablecidas. Columbia también podrá acceder a miles de millones en subvenciones actuales y futuras. Claire Shipman, presidenta interina de la universidad, destacó este acuerdo como un “hito importante” tras una prolongada etapa de vigilancia federal y la incertidumbre institucional.
El acuerdo establece que 200 millones de dólares serán pagados en tres cuotas a lo largo de tres años. Además, la universidad se ha comprometido a resolver de manera amigable las investigaciones de la Comisión Americana para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por 21 millones de dólares.
A finales de marzo, Columbia ya había hecho concesiones significativas al gobierno, incluyendo la aceptación de una forma de tutela sobre sus departamentos que ofrecen cursos sobre el Medio Oriente. Este acuerdo también implica un compromiso de respetar las leyes que prohíben la discriminación en la contratación tanto de personal como de estudiantes.
Nuevo enfoque sobre el antisémitismo
Mientras otras instituciones, como Harvard, se han negado a ceder a estas presiones, Columbia ha adoptado una nueva y polémica definición de **antisémitismo**, que ahora incluye cualquier oposición al sionismo. Esto ha generado protestas e incluso la sanción de estudiantes que participaron en manifestaciones propalestinas en mayo.
Las acciones de Harvard
Después del estallido de la ofensiva israelí en Gaza, los campus estadounidenses se convirtieron en escenarios de numerosos incidentes de agresiones antisemitas. Estudiantes de Columbia se organizaron para exigir el fin del apoyo estadounidense a los ataques militares de Israel y para que la universidad dejara de invertir en empresas vinculadas a este conflicto. El gobierno ha clasificado estas protestas como actos de **antisemitismo**, aunque muchos manifestantes, incluso grupos judíos, insisten en que sus críticas a Israel no deben confundirse con prejuicios antisemitas.
Columbia y la administración tienen un plazo de 30 días para acordar quién será el administrador independiente encargado de garantizar el cumplimiento de este convenio, y el nombre de Bart M. Schwartz ha comenzado a circular. Schwartz es conocido por sus capacidades de auditoría en situaciones complejas, y se espera que también se designe a otro administrador para examinar las alegaciones de antisemitismo y ofrecer con recomendaciones.
En una reciente entrevista, Claire Shipman puso de relieve los meses de intensas negociaciones con la administración Trump que condujeron a este acuerdo. Según ella, Columbia ha logrado mantener sus principios fundamentales de independencia académica, a pesar de las presiones externas y el clima político polarizado que enfrenta.
En conclusión, el compromiso de Columbia de pagar 221 millones de dólares y las concesiones realizadas a la administración de Trump reflejan un esfuerzo por restablecer su relación con el gobierno y asegurar futuras subvenciones, mientras navega en un entorno académico cada vez más complicado y polarizado por el debate sobre el antisemitsmo y los derechos de los palestinos.
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