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Los jueces federales de México saldrán de sus tribunales el miércoles para protestar contra el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de despedirlos y elegir a sus reemplazos en una reforma que, según ellos, amenaza la independencia judicial.
El presidente izquierdista está presionando para remodelar completamente el poder judicial en sus últimas semanas en el cargo, reemplazando a todos los jueces federales, incluidos los de la Corte Suprema, por otros nuevos a través de elecciones populares el próximo año y en 2027.
El partido Morena de López Obrador fortaleció su mayoría en el Congreso en las elecciones de junio, y él ha prometido impulsar los cambios antes de que su sucesora, Claudia Sheinbaum, asuma el cargo en octubre.
La comunidad jurídica mexicana y expertos internacionales han señalado que la reforma constituye una amenaza directa a la independencia judicial, los derechos de las minorías y el Estado de derecho. En algunos estados de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto popular, pero sólo la socialista Bolivia elige a su Corte Suprema, según el Centro Judicial Federal.
Los jueces y magistrados votaron abrumadoramente esta semana suspender el trabajo a partir del miércoles por la mañana por un período indefinido, exigiendo que se pause el proceso de reforma en curso.
“Los jueces federales empezamos desde abajo… esta reforma busca destruir el servicio judicial profesional”, dijo Miguel Bonilla, magistrado de 54 años. “Nos han marginado a tal punto que no tenemos otra alternativa para frenar esto”.
López Obrador, un político instintivo con índices de aprobación del 60 por ciento, ha revolucionado la política mexicana en sus casi seis años en el cargo. Ha recortado el gasto en la función pública y lo ha redirigido a megaproyectos y programas sociales, al tiempo que ha buscado debilitar los controles sobre su poder.
El presidente suele criticar a los jueces por su nombre en sus conferencias de prensa matutinas y ha dicho que elegirlos directamente los acercaría al pueblo. El martes restó importancia a la huelga y repitió su mensaje de que el poder judicial es corrupto.
“A la mayoría de los mexicanos no les importará… incluso nos ayudará que los jueces, magistrados y ministros no estén aquí; al menos tenemos la garantía de que no liberarán a los criminales”, dijo el martes.
La reforma judicial es parte de un paquete de 18 cambios constitucionales que López Obrador ha propuesto para consolidar su legado. Otros cambios incluyen eliminar algunos reguladores, poner a la Guardia Nacional bajo control militar y eliminar la representación proporcional en el Congreso.
Los mexicanos han criticado durante mucho tiempo su sistema de justicia por ser lento, ineficaz y plagado de corrupción, pero las partes que los ciudadanos califican como las peores, como la policía local y las fiscalías, no se ven afectadas por los cambios propuestos.
La mayoría de los casos se resuelven en jurisdicciones locales. Los expertos legales afirman que el sistema federal, que se ocupa de casos como los que involucran al crimen organizado o disputas entre empresas, se ha profesionalizado y mejorado en los últimos años.
Algunos grupos sindicales que representan a los trabajadores judiciales comenzaron a hacer huelga el lunes, mientras que los jueces y magistrados tienen previsto abandonar sus puestos el miércoles. Esto dejará en sus puestos a un personal mínimo para ocuparse de asuntos urgentes o que pongan en peligro la vida de las personas.
Si la reforma es aprobada por el Congreso, esto supondría un importante reto logístico y político para Sheinbaum, quien será la encargada de implementarla. Ella ha apoyado con entusiasmo el plan, pero los analistas políticos dicen que López Obrador le está atando las manos con un problema que podría estancar sus primeros años en el cargo.
“Esto envía un mensaje muy malo a la comunidad internacional”, dijo Saúl López, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. “Va a ser una gran distracción… esto va a marcar el mandato presidencial de Sheinbaum antes de que comience”.
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