El hecho de que el juez de Groninga haya dictaminado que la Agencia Central para la Acogida de Solicitantes de Asilo (COA) debe pagar 50.000 euros por cada estancia de más de 2.000 personas en el centro de acogida de Ter Apel demuestra, según la ministra de Asilo, Marjolein Faber , “que la situación ya no se puede”. El ministro destaca principalmente la importancia de reducir la afluencia.
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