
Noticia | 19-12-2024 | 07:00
Los países utilizan cada vez más las adquisiciones, fusiones y otras formas de inversión en empresas para lograr sus objetivos geopolíticos. Para evitar que se interrumpan procesos holandeses vitales y que la tecnología sensible caiga en manos equivocadas, en 2023 se introdujo la Ley de Evaluación de la Seguridad de Inversiones, Fusiones y Adquisiciones (Ley Vifo). Como se anunció en el programa gubernamental, el gobierno propone ahora ampliar el número de tecnologías para las que se requiere una prueba de seguridad. Se trata de: biotecnología, inteligencia artificial, materiales avanzados y nanotecnología, tecnología de sensores y navegación y tecnología nuclear con uso médico. Agregar estas seis tecnologías a la Ley Vifo limita el riesgo de que el conocimiento y la tecnología caigan en las manos equivocadas y surjan dependencias estratégicas riesgosas.
Ministro Beljaarts (Asuntos Económicos): La situación de seguridad internacional se ha deteriorado rápidamente en los últimos años. Ya vemos que los Países Bajos son el objetivo de ataques híbridos, como operaciones cibernéticas, espionaje y sabotaje. Es por eso que nosotros, como gobierno, debemos proteger a la comunidad empresarial cuando sea necesario. El Ministro continúa: Porque los Países Bajos son conocidos en todo el mundo por sus empresarios que trabajan con la última tecnología. Esas son buenas noticias, pero también atraen atención no deseada. No podemos permitirnos el lujo de ser ingenuos acerca de las intenciones de otros países en lo que respecta a estas empresas. Al agregar seis nuevas tecnologías al alcance de la Ley Vifo, estamos dando un paso importante para proteger a los empresarios holandeses, sus innovaciones y el futuro de una economía holandesa resiliente.
Ministro van Weel (Justicia y Seguridad): Debemos hacer que nuestra sociedad sea más resiliente a las amenazas externas. Del individuo al gobierno y las empresas. Sabemos que países maliciosos quieren aprovechar la tecnología de nuestro país. Esta ley es un instrumento importante para combatir las inversiones no deseadas. Y eso es importante en estos tiempos difíciles. Para estar preparados como sociedad frente a este tipo de amenazas debemos trabajar en nuestra resiliencia y esto requiere del esfuerzo de todos.
Economía y seguridad
Cada día se producen fusiones, adquisiciones o inversiones en empresas holandesas. Además de los motivos económicos, los inversores a veces también tienen otros motivos maliciosos. Por ejemplo, una fusión, adquisición o inversión puede dar lugar a la transferencia de información, propiedad intelectual o influencia. Esto permite que otro país expanda su poder geopolítico y militar, lo que podría generar riesgos para nuestra seguridad nacional. Para afrontar mejor este tipo de riesgos de seguridad, la Ley Vifo está en vigor desde el 1 de junio de 2023. Esta ley introduce una prueba de seguridad para las inversiones, fusiones y adquisiciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Las tecnologías en las que se centra actualmente la Ley Vifo son: semiconductores, fotónica, cuántica, productos de alta seguridad y los llamados bienes militares y de doble uso.
La expansión
La ampliación de la ley actual es necesaria debido al rápido desarrollo de las tecnologías que se añadirán y su importancia para los Países Bajos. Además, estas tecnologías tienen un carácter potencialmente disruptivo, lo que las hace importantes para la capacidad de generación de ingresos a largo plazo de los Países Bajos y para resolver desafíos sociales. Agregar estas seis tecnologías a la Ley Vifo limita el riesgo de que procesos holandeses vitales puedan verse interrumpidos a través de controles no deseados, que la tecnología sensible pueda caer en las manos equivocadas o que puedan surgir dependencias estratégicas riesgosas.
Hacer un seguimiento
La consulta por internet para la prórroga de la Ley Vifo se realizará del 19 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Durante este período todos podrán dar su opinión sobre la propuesta. Esto puede dar lugar a ajustes. Luego la propuesta se discute en el Consejo de Ministros y se presenta al Senado y a la Cámara de Representantes. Luego se presentará al Consejo de Estado para su asesoramiento, tras lo cual podrá entrar en vigor en el segundo semestre de 2025.
