
Una cosa es la discontinuidad política, decidida de manera seca por las elecciones del domingo. La continuidad requerida en la política económica es otra cosa: dictada por una emergencia indiferente al voto aun ante el complejo de constricciones comunitarias e internacionales.
Eso lo saben bien los pisos altos del centroderecha, en particular en Fratelli d’Italia donde los concejales (internos y externos) han mantenido a Giorgia Meloni alejada de las recetas gritadas por algún aliado sin conseguir demasiado eco en las encuestas, y donde ahora se evoca una continuidad en el relevo hasta el punto de sugerir la imagen de una “financiera a cuatro manos” entre el viejo y el nuevo gobierno. De hecho, la división de responsabilidades y tareas será más clara. Pero la razón de tanta atención es simple: la primera prueba real para el futuro gobierno estará representada por las medidas económicas de diciembre, marcadas por un nuevo decreto energético y la primera maniobra de la legislatura. Para la primera, el dinero ya está ahí, con una renta extra fiscal que incluirá también los frutos, pocos o muchos, de la segunda cuota única sobre los beneficios de las empresas energéticas a pagar antes del 30 de noviembre. Pero para la ley de presupuesto y el decreto que la acompaña, los números están todos por construir: en Italia y en Bruselas, donde la disposición a esperar el programa económico del nuevo gobierno incluso hasta finales de noviembre, con un mes y medio de tiempo adicional a la entrega de la fotografía estática que el gobierno de Draghi podrá enviar antes del 15 de octubre.
Esperando a la Nadef
En una fase de un nuevo y drástico cambio de ciclo económico, sin embargo, la fotografía preparada por el gobierno de Draghi para la Nadef esperada en los próximos días (probablemente el jueves) en el Consejo de Ministros se torna decisiva: una Nadef “tendencial” con políticas inalterables, es decir, sin hipotetizar nuevas medidas a las que obviamente el gobierno saliente debe ceder. Porque a partir de ahí mediremos los límites dentro de los cuales se puede mover la ley de presupuesto: límites estrechos.
De los analistas internacionales siguen lloviendo sobre Italia los anuncios de recesión. Después de Fitch, que ha llegado a pronosticar un -0,7% para nuestro PIB de 2023, ayer le tocó el turno a S&P Global, que supuso un -0,1%. Relativamente menos pesimista la OCDE, que frena la revisión a la baja de estimaciones (del +1,2% en junio) al +0,4%. Y en esa línea, como se anticipó en el Sole 24 Ore, se mantendrá el gobierno, que en el Nadef detendrá el contador un punto y medio por debajo (al +0,7-0,8%) respecto al Def de abril.
La ralentización, junto con los gastos inflados por la inflación y los tipos de interés, sitúa el déficit tendencial del próximo año por encima del 5%, frente al 3,9% previsto por la Def, reduciendo el margen de maniobra de partida en más de 20.000 millones. Todo en los supuestos básicos, mientras que en el escenario adverso la recesión sería clara. Pero eso es sólo el principio del problema.


