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El frío que de repente ha caído sobre la industria europea de baterías pone de manifiesto la deficiencia esencial de la política industrial verde de la UE. Aunque los dirigentes tienen clara la importancia central de la fortaleza económica interna para su independencia geoestratégica, todavía no parecen estar dispuestos a utilizar los medios para alcanzar sus fines declarados.
En la maraña de políticas que componen la estrategia industrial de la UE, las baterías destacan por su relativo éxito. La Comisión Europea las incluye en “proyectos importantes de interés común europeo”, lo que facilita la puesta en marcha de la fabricación con subvenciones públicas. En toda la región se han abierto numerosas fábricas, tanto autóctonas como filiales de fabricantes de baterías chinos y coreanos. Hasta hace poco se preveía que la capacidad aumentaría considerablemente.
Por eso, la noticia de que se están cancelando o reduciendo drásticamente los proyectos europeos de baterías es una señal importante de que las cosas van mal, sobre todo porque las decepciones no parecen deberse a las conocidas pero lentas deficiencias de Europa en materia de tecnología, materias primas y costes energéticos. El problema es, más bien, que la desaceleración de las ventas de vehículos eléctricos ha socavado las expectativas de demanda del mercado para la capacidad de baterías que iba a entrar en funcionamiento.
Esto ejemplifica un problema más amplio: un sector privado que carece profundamente de fe en que sus líderes políticos puedan pasar de las palabras a la acción.
Esos líderes se han comprometido a eliminar gradualmente los nuevos motores de combustión interna durante la próxima década, al tiempo que prometieron no permitir que las importaciones chinas acaben con los fabricantes de automóviles nacionales. Si ambas cosas fueran creíbles, los fabricantes de automóviles de la UE estarían invirtiendo a manos llenas para satisfacer la inminente demanda de la UE de unos 10 millones de vehículos eléctricos al año. El hecho de que no lo estén haciendo (con las consecuencias para las baterías y otras partes de la cadena de suministro) demuestra que no creen que se alcancen los objetivos políticos.
Ninguna de las muchas cosas que Europa hace bien es suficiente para revertir la situación. Establecer objetivos (incluso aquellos legalmente vinculantes), regular las actividades contaminantes o subsidiar la producción: son medidas necesarias, pero evidentemente no generan confianza en que el mercado para la tecnología verde estará ahí. Tampoco lo hacen, en gran medida, los aranceles proteccionistas por sí solos.
Esta falta de fe frena todo, desde la generación renovable (¿habrá redes para descargar la energía en horas punta?) hasta los electrolizadores (¿habrá suficientes compradores de hidrógeno verde?). Fundamentalmente, las políticas deben hacer que el sector privado confíe en que habrá demanda a gran escala. Eso es lo que China ha sabido garantizar desde hace mucho tiempo y es la verdadera causa del enorme efecto de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos en la construcción de fábricas.
La UE debe hacer lo mismo, a su manera. No se trata, en primer lugar, de sumarse a una carrera por los subsidios, pero sí requiere la aplicación de políticas fiscales, diseño de impuestos y políticas crediticias para forjar mercados nuevos o incipientes y convertirlos en realidad.
En materia fiscal, al menos no se debe hacer daño. El regreso a la consolidación presupuestaria que socavó la demanda de la última década seguramente frenará los planes de inversión privada. ¿Para qué expandirse si nadie va a comprar la producción adicional? La contrapartida de cualquier recorte presupuestario provocado por las nuevas reglas fiscales debe ser, entonces, una mayor financiación a nivel de la UE para sostener la demanda a largo plazo de tecnología verde: planes de alquiler de vehículos eléctricos, infraestructura verde, construcción de redes, almacenamiento de electricidad en los hogares, etcétera.
Luego, modifiquen más los impuestos para favorecer a los nuevos mercados que pretenden crear y comprométanse a mantenerlos así. La extraordinaria adopción de vehículos eléctricos por parte de Noruega se logró al otorgarles exenciones de los onerosos impuestos que gravan los automóviles convencionales, además de privilegios de tráfico (acceso a carriles exclusivos para autobuses y estacionamiento barato). La UE puede seguir el ejemplo en áreas como el tratamiento fiscal de los automóviles corporativos.
Los proyectos de energía renovable se están cancelando porque los perfiles de financiación que antes eran atractivos parecen inviables con las tasas de interés actuales. Pero los bancos centrales tienen las herramientas para evitar que la lucha contra la inflación retrase la transición. El Banco Central Europeo podría relajar quirúrgicamente las condiciones financieras para la inversión verde adaptando sus “operaciones de recompra a largo plazo específicas”. Éstas ofrecían a los bancos préstamos a condiciones inferiores a la tasa de política monetaria en la medida en que expandían el crédito a la economía. La TLTRO verde podría recompensar a los bancos para impulsar el crecimiento de proyectos dentro de la taxonomía verde de la UE.
Esto cumpliría, y no violaría, el mandato del BCE, que le exige apoyar las políticas económicas generales de la UE siempre que se proteja la estabilidad de precios; lo haría manteniendo su principal tipo de interés de referencia en el nivel necesario. No hay razón para que las inversiones verdes sean víctimas del ciclo económico.
En realidad, no hay motivos para que Europa no asista a un auge de la inversión verde, pero el sector privado debe saber que los gobiernos también hablan en serio.
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