La familia de la asesinada Julie Van Espen (23) y su abogado Stijn Verbist están convencidos de que ella seguiría viva si el sistema judicial no hubiera fallado. Creen que el Estado belga no ha cumplido con su deber de proteger a sus ciudadanos en el caso Van Espen. Por eso llevan al Estado belga ante los tribunales. Para ello se utilizan las conclusiones del informe del Tribunal Supremo de Justicia, escribe el viernes De Standaard.
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