Los profesores ya no tienen que demostrar que un certificado B o C está justificado. Los padres y los estudiantes tendrán que demostrar que está mal. Y si hay una diferencia legal, el gobierno flamenco pagará los costos a partir de ahora, no la escuela en sí. Por ejemplo, el ministro flamenco de Educación, Ben Weyts (N-VA), está tratando de abordar la legalización de la educación.
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