A partir de principios de 2023, las empresas de fuera de la Unión Europea ya no podrán simplemente invertir en la UE si están subvencionadas por su propio gobierno. Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han acordado en principio una nueva legislación que dificultará, por ejemplo, la absorción de una empresa belga por parte de una empresa china respaldada por el Estado.
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