Facturas, qué pasa después del 30 de septiembre: bonificación mejorada, recorte de cargas y rebaja del IVA

Las ayudas a las facturas aprobadas por el Gobierno a finales de junio y aplicadas por la Autoridad de Energía, Redes y Medio Ambiente con la última actualización trimestral de los costes eléctricos expirarán el 30 de septiembre. Como se recordará, con el decreto ley Bollette bis, el ejecutivo decidió prorrogar las concesiones destinadas a reducir el impacto de las subidas de los precios de la electricidad y el gas en las facturas. En particular, se han prorrogado tres paquetes de intervenciones hasta el 30 de septiembre, empezando por la reducción a cero de las tarifas generales en la factura del gas. Que, como se sabe, debido a las subidas de precios, es la que más ha sufrido las repercusiones de las subidas registradas en el upstream de las commodities.

Los recortes en las tarifas del gas y el IVA

Paralelamente, con la misma disposición, se replicaron luego otras dos medidas de reducción de costes. El primero es el de recortar el IVA del gas, con la renovación de la reducción al 5% (aplicada, como se sabe, también a la prestación de servicios de calefacción urbana así como a los suministros de energía térmica producida con gas metano en ejecución de un contrato de servicio energético) para usos tanto civiles como industriales. El segundo es, en cambio, el refuerzo del bono social, es decir, el descuento en la factura para las familias en condiciones de penuria económica y física. Que, cabe recordar, también se ha revisado con respecto al umbral de acceso al Isee (aumentado hasta 15.000 euros para todo 2023, mientras que para las familias numerosas, es decir, aquellas con al menos 4 hijos a cargo, se ha elevado el listón). de 20 mil a 30 mil euros).

Beneficios que vencen el 30 de septiembre

Pero ¿qué pasará el 30 de septiembre? Si no se renuevan las ayudas, los efectos de las remodulaciones volverán a sentirse en la factura, tanto en las cargas como en el IVA. Pero el Gobierno todavía no se ha ocupado del expediente, también porque las cuestiones que le esperan al ejecutivo cuando se reanude el trabajo tras las vacaciones de verano son diferentes. Y, al menos por ahora, las concesiones del proyecto de ley no son la prioridad dado que durante un mes más estarán los beneficios vinculados a las intervenciones existentes. Por no hablar de que los precios del gas, tras los picos alcanzados el verano pasado, registraron un marcado descenso y hicieron que nuevas medidas de control fueran menos urgentes que las que ya estaban en marcha.

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En el cajón la hipótesis del bono de calefacción

La esperanza es que los precios se mantengan dentro de ciertos umbrales porque en ese momento puede que no sea necesario renovar las concesiones ahora presentes en el proyecto de ley. Si, por el contrario, se produjera una recuperación repentina, el Gobierno tiene en mente una nueva intervención, que por ahora se mantiene en secreto aunque ya ha sido anunciada en los últimos meses: se trata del llamado «bono de calefacción». » que, en las intenciones del Ejecutivo, debería comenzar a partir de octubre y consistirá esencialmente en un aporte pagado en un monto fijo, sin distinción de ingresos (quedará reservado para todos, excepto para quienes ya reciben el bono social) y diferenciados en función de las zonas climáticas (mayores, en definitiva, para quienes viven en zonas más frías).

La dote fijada por el gobierno.

Los criterios para la cesión, en caso de que se decidiera activarlo -pero esto dependerá, como se subraya, de la evolución del precio del gas en las próximas semanas- se fijarán mediante un decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética de acuerdo con el Mef. Y luego corresponderá a la Arera definir las modalidades de aplicación y el alcance de la contribución, cuyo funcionamiento sigue de cerca el del bono social del gas. El gobierno había fijado inicialmente una dote de mil millones para esta medida, pero la cantidad disminuyó durante el transcurso de los trabajos, ya que luego se recuperaron alrededor de 130 millones que se destinarán en los últimos meses al sistema de ayuda creado para ayudar a las poblaciones inundadas de Emilia. Romaña.



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