
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de conocer, por primera vez en su historia, de un espinoso caso que afecta a grandes grupos tecnológicos estadounidenses. Desde ayer intenta determinar la cuota de responsabilidad de los sitios web y más concretamente de las redes sociales por el contenido de los mensajes, fotos y vídeos que publican sus usuarios.
El Supremo se pronunciará sobre la responsabilidad de las redes sociales por los contenidos publicados
En 2015, durante los atentados de París, que afectaron principalmente al Bataclan, Nohemi González, una estudiante estadounidense de 23 años, fue asesinada en uno de los restaurantes atacados por terroristas. Para dar con todos los responsables de la muerte de su hija, los padres de Nohemu González consideran que el alcance mediático del Estado Islámico, la organización terrorista que cometió estos atentados, se habría acentuado por las redes sociales.

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De hecho, los abogados de la familia Gonzales, así como de otras familias que perdieron a uno de sus miembros en un ataque, afirman que YouTube no dudaría en recomendar videos del Estado Islámico a sus usuarios, dejándolos difundir libremente sus mensajes. Además, consideran que las redes sociales Twitter y Facebook habrían facilitado las acciones de los terroristas, pudiendo enviar mensajes de forma discreta, gracias al cifrado de extremo a extremo.
La acción legal fue aceptada por la máxima institución legal estadounidense, la Corte Suprema. Este último se tomará el tiempo de analizar todos los archivos proporcionados por las familias de las víctimas del terrorismo. Tendrá que determinar cuál es la parte de responsabilidad de Twitter, YouTube y Facebook en el curso de estos ataques.
Las redes sociales se esconden detrás de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones
Para librarse de cualquier responsabilidad, los abogados de las distintas redes sociales se apoyan en una ley estadounidense que data de 1996: la Communications Decency Act. Este texto, considerado una de las leyes pioneras para el desarrollo de Internet en el país del Tío Sam, especifica que las empresas de tecnología en general no pueden ser responsabilizadas por mensajes considerados dañinos si son publicados en sus plataformas y/o sitios web.
También mencionan el artículo 230 de esta ley, que autoriza a cualquier anfitrión a eliminar el contenido que considere inapropiado, siempre que sea posible establecer que ese contenido lo es. Agregan que se han realizado numerosos esfuerzos para garantizar que cualquier material de propaganda del Estado Islámico se elimine de sus plataformas. En juin 2020, une proposition avait été émise par Donald Trump afin de mettre un terme à la section 230, mais le fait qu’il n’ait pas été réélu en novembre 2020 a permis à Joe Biden de révoquer le décret qu’il avait signo.
Varios países del mundo como Australia o Francia consideran que los medios de comunicación y por tanto las redes sociales son los responsables de los contenidos que publican en sus plataformas. Esta es la razón por la que es común ver contenido en francés publicado por usuarios franceses moderado y, a veces, eliminado. El hecho de que la Corte Suprema se pronuncie sobre este artículo, sin duda despertará fuertes reacciones en la clase política estadounidense.



