La propuesta de negociación social sobre la inteligencia artificial en la función pública
El ministro de la Acción y de las Cuentas Públicas, David Amiel, ha dado un paso significativo al proponer una “negociación social” enfocada en la inteligencia artificial (IA) dentro de la función pública. La meta es lograr un acuerdo para el otoño, tal como se expresó en una entrevista reciente.
El Contexto de la Propuesta
En un contexto donde la IA está transformando radicalmente el mundo laboral, diversas organizaciones sindicales y representantes de los empleadores han manifestado la necesidad de establecer un “diálogo social reforzado”. Amiel enfatiza que Francia se posicionará como pionera en este ámbito, lo que subraya la importancia de abordar de manera proactiva los desafíos que presenta la IA.
Definiendo el Futuro de la Inteligencia Artificial
Uno de los objetivos clave de esta negociación será determinar los usos prioritarios de la IA, estableciendo principios éticos, de soberanía y de formación. Amiel ha señalado que se busca construir una “IA de interés general”, diseñada con la colaboración de los agentes públicos para mejorar el servicio público, alejándose de influencias externas como las de Estados Unidos o China.
El Despliegue Ampliado de la IA
Una de las preocupaciones que surgen con el uso de la IA en la administración pública es si esto podría llevar a una reducción en la cantidad de funcionarios. Sin embargo, Amiel ha dejado claro que este no es el objetivo. La intención de este plan es “liberar del tiempo de papel y aumentar el tiempo de interacción humana”.
El ministro ha destacado la urgencia de actuar, respaldándose en una encuesta realizada entre 2,000 agentes de nueve administraciones, donde se reveló que el 80% de los encuestados desea un despliegue más amplio de herramientas de IA. Asimismo, un 73% manifestó que la implementación de estas tecnologías podría mejorar su productividad.
Riesgos de la IA No Regulada
Un punto alarmante es que más de la mitad de los encuestados utilizan IA de manera informal, como ChatGPT. Amiel advierte sobre el riesgo de que se desarrolle una IA “clandestina” que comprometa la protección de datos y la independencia de las instituciones públicas.
Formación y Capacitación
Para abordar estos desafíos, ya se han tomado medidas concretas. El ministro ha solicitado al Instituto Nacional de Servicio Público (INSP) que adapte las formaciones a los retos que plantea la IA. Desde este verano, un millón de agentes públicos tendrán acceso a herramientas de grabación y transcripción automáticas. Además, se implementará un sistema de IA en la Dirección General de Finanzas Públicas que traducirá respuestas técnicas a un lenguaje más accesible.
Reorientación de la Compra Pública
Amiel también ha mencionado que la “compra pública” será redirigida hacia actores nacionales y europeos, lo que podría fomentar el desarrollo de soluciones de IA más alineadas con los intereses locales.
Estrategia a Largo Plazo
Por último, es importante mencionar que, independientemente de esta negociación social, se ha lanzado una “Revisión Estratégica de la Función Pública 2035-2050”. Sus resultados, que incluirán el uso de la IA, se prevé que sean presentados unos seis meses antes de las próximas elecciones presidenciales.
En resumen, la propuesta de David Amiel para entablar una negociación social en torno a la inteligencia artificial en la función pública es un paso audaz y necesario en la era digital. La implementación de estas medidas no solo tiene el potencial de mejorar el funcionamiento de la administración pública, sino que también sienta las bases para un futuro donde la IA sea un aliado en lugar de un sustituto.
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