
Seguridad e impuestos. Estos son los dos grandes temas que centrarán la reunión de hoy, jueves 16 de noviembre, del Consejo de Ministros, prevista a las 13.30 horas. En el primer frente están los recursos para la renovación de contratos, la represión de quienes atacan a la policía y la reforma de la policía local. En cuanto al segundo, el ejecutivo debería examinar un decreto legislativo sobre litigio fiscal y un segundo sobre cumplimiento colaborativo, con cumplimiento cooperativo. En cambio, el decreto legislativo sobre la reorganización del sector del juego, empezando por el online, debería posponerse hasta el próximo Consejo de Ministros.
Por último, no se excluye que el Consejo de Ministros también alcance el Decreto energético, que debería haber llegado al Consejo de Ministros el 23 de octubre, con la prórroga del fin de la mayor protección del mercado eléctrico.
La reunión estará precedida por la mañana por la reunión convocada por la primera ministra Giorgia Meloni con los sindicatos de la policía y la paritaria Cocer. Con Meloni, se reunirán con los representantes de los trabajadores uniformados los ministros directamente interesados en el expediente, desde Matteo Piantedosi (Interior) hasta Guido Crosetto (Defensa) y Paolo Zangrillo (PA). Crosetto también verá por separado a los sindicatos de las fuerzas armadas.
Las tres medidas de seguridad
“Estamos trabajando en los últimos días en un proyecto de ley que permitirá poner a disposición de la policía más recursos y funciones”, anticipó el jefe del Ministerio del Interior, Piantedosi. Son tres las medidas que se evaluarán en la habitual reunión previa al consejo tres billetes: disposiciones relativas a la seguridad pública, protección de las fuerzas policiales, así como de las víctimas de usura y delitos de tipo mafioso; medidas para la mejora del sector de seguridad, defensa y salvamento público; delegación al gobierno para la reorganización del sistema policial local.
Detención en caso de actos de violencia contra las fuerzas policiales
En el primero debería haber un endurecimiento del marco sancionador de los actos de violencia cometidos contra las fuerzas policiales y también medidas para incrementar el apoyo a las víctimas de la usura y fomentar la denuncia.




