Jair Bolsonaro enfrenta crecientes presiones políticas y legales a medida que se inician investigaciones oficiales sobre el asalto a edificios gubernamentales por parte de partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha a principios de este mes.
Tras los disturbios en Brasilia el 8 de enero, Bolsonaro, que actualmente se encuentra en Florida, ahora debe lidiar con un creciente aislamiento político y la amenaza de enjuiciamiento y posible encarcelamiento.
La Corte Suprema de Brasil nombró a Bolsonaro en una investigación penal como potencialmente responsable del ataque a la capital del país, durante el cual miles de Bolsonaristas asaltaron el Congreso, la corte y el palacio presidencial. Afirmaron que su derrota electoral ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre fue manipulada.
El máximo tribunal electoral de Brasil también está procesando 16 demandas relacionadas con su campaña presidencial del año pasado y los hechos del 8 de enero, con el objetivo de despojar al líder populista de sus derechos políticos. Si se prueban los casos, no podrá participar en las elecciones durante ocho años.
El Congreso está listo para iniciar su propia investigación, que podría exponer cualquier participación que haya tenido en los disturbios y muy probablemente resultaría en una recomendación a los fiscales por cargos penales. Bolsonaro niega haber actuado mal en relación con su presidencia y los hechos del 8 de enero.
Sin embargo, a pesar del frenesí de actividad, el sistema legal de Brasil es notoriamente lento. A menudo, los acusados solo pueden ser encarcelados después de agotar una serie de apelaciones, un proceso que puede llevar años. Los fiscales también pueden tener dificultades para demostrar que Bolsonaro tenía vínculos directos con los alborotadores.
“Los hechos demuestran que seguidores del expresidente invadieron y destruyeron bienes públicos con base en teorías conspirativas de que la elección de Lula había sido fraudulenta. Esas teorías fueron alimentadas y manejadas por el ahora expresidente”, dijo León Víctor de Queiroz, politólogo de la Universidad Federal de Pernambuco.
“Pero una cosa es difundir noticias falsas y otra tener control o no de lo que la gente hace con ellas”.
Bolsonaro ha tratado de distanciarse de los alborotadores, diciendo que habían cruzado la línea en Brasilia. Sin embargo, entre su derrota en la segunda vuelta electoral a fines de octubre y la conclusión de su mandato el 1 de enero, alentó repetidamente el “derecho a protestar” de su base radical.
Heloisa Estellita, profesora de derecho penal de la Fundación Getúlio Vargas, dijo que “existe una alta probabilidad” de que Bolsonaro sea procesado por presuntos delitos cometidos “en los últimos años”.
Desde que dejó la presidencia, Bolsonaro perdió su inmunidad procesal y puede ser juzgado como un ciudadano normal. Muchos partidarios de Lula exigen su enjuiciamiento.
Las pesquisas actuales se suman a las iniciadas durante la presidencia de Bolsonaro sobre su supuesto mal manejo del covid-19 y la difusión de noticias falsas durante la pandemia. Bolsonaro niega haber actuado mal.
A finales del año pasado, el excapitán del ejército voló a Orlando, Florida, para evitar la inauguración del tercer mandato presidencial de Lula y sigue recibiendo el apoyo entusiasta de algunos brasileños conservadores que viven allí. Pero se espera que su visa expire en breve, lo que significa que es probable que regrese a Brasil, una perspectiva que reconoció la semana pasada.
El gobierno de Lula acusó a Bolsonaro y sus partidarios de planear un golpe de Estado. La acusación ganó credibilidad la semana pasada cuando la policía federal descubrió un proyecto de decreto en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que proponía una intervención para anular el resultado de las elecciones.
Torres fue arrestado por acusaciones de colusión con alborotadores cuando regresó a Brasil desde Estados Unidos el sábado.
Después de dejar la administración de Bolsonaro, Torres había sido nombrado jefe de seguridad de Brasilia y era responsable de la seguridad de la capital. El día de los disturbios, sin embargo, estaba en Florida. Ha sido acusado de “negligencia grave” por la Corte Suprema, pero niega cualquier papel en los disturbios.
Tras la derrota electoral de Bolsonaro, los líderes de su Partido Liberal intentaron persuadirlo para que liderara la oposición contra Lula, ofreciéndole un generoso paquete de remuneración que incluía vivienda, asesores políticos, apoyo legal y un salario considerable.
Pero desde los disturbios, Bolsonaro ha perdido gran parte de su brillo político, y los miembros del Partido Liberal ahora expresan “malestar” por su presencia en sus filas, según los medios locales. Una encuesta realizada por Quaest encontró que su popularidad en las redes sociales cayó al 21 por ciento el día después de los disturbios, frente al 40 por ciento unos días antes.
Muchos de sus propios seguidores también lo han criticado por su vuelo a Florida.
Los analistas esperan que la agitación que envuelve a Bolsonaro cree más espacio para que surjan derechistas moderados, en particular Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, y Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.
“La conmoción de los eventos del 8 de enero está en su apogeo y eso abre espacio para tratar de crear un consenso en torno a que la extrema derecha está más allá de los límites”, dijo Filipe Campante, profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins. “Pero esa ventana es fugaz y no será fácil aprovecharla”.
Información adicional de Carolina Ingizza
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