A raíz de una petición de la Comisión Europea, el gobierno reescribirá su ley bipartidista destinada a regular la actividad de los influencers. El texto contradice la Ley de Servicios Digitales (DSA), una legislación europea que impide la regulación de los gigantes digitales a escala nacional.
Una ley en desacuerdo con la DSA
Adoptada el 1 de junio, la ley sobre influencers tiene como objetivo “ para luchar contra las estafas y abusos de los influencers en las redes sociales “. Permite definir los contornos de la profesión de influencer, limitar prácticas cuestionables y regular los contenidos ofrecidos.
Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, criticó el texto en una carta dirigida a Catherine Colonna, ministra para Europa y de Asuntos Exteriores, en agosto pasado. Breton lamentó que Bruselas no hubiera sido advertida antes y explicó que la ley contravenía directamente la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.
Generalmente se recomienda un plazo de tres meses entre la respuesta de Bruselas y la entrada en vigor de una ley, para poder completarla, si fuera necesario. Luego solicitó una rectificación del texto.
De acuerdo a’AFPasumido por BFMTVBercy prevé corregirlo durante el examen de un proyecto de ley destinado a adaptar la legislación francesa al derecho de la Unión Europea (UE), presentado en el Senado el 15 de noviembre.
Una reescritura realizada a través de órdenes.
En colaboración con los ponentes del texto, el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó una autorización que facilita las conversaciones con la Comisión para tener en cuenta los ajustes necesarios vinculados a las DSA.
Estos ajustes se refieren principalmente a artículos similares a los contenidos en el reglamento europeo y se realizarán mediante pedidos. “ Se trata de limitaciones procesales y medidas de adaptación técnica que tendrán un impacto limitado en el contenido de la ley. », aseguró el ministerio.
En su carta, Thierry Breton también critica a los responsables franceses en relación con la ley sobre la mayoría digital. Promulgado el 7 de julio, prevé, entre otras cosas, exigir a las redes sociales que verifiquen que sus usuarios menores de quince años tengan autorización paterna para acceder a ellas. Esto también podría modificarse para adaptarse a las autoridades europeas.