La violencia económica es una forma silenciosa pero poderosa de opresión. Cuando una pareja ejerce control económico, limitando la autonomía financiera y la libertad de decisión de la víctima, se crea un círculo vicioso de dependencia y vulnerabilidad que los estudios de caso nos muestran como terreno fértil para otros tipos de violencia. No sólo eso: si una mujer denuncia abuso doméstico, puede suceder que el camino para escapar de la violencia la lleve a alejarse de esas redes de apoyo económico basadas en vínculos familiares o sociales. En estos casos, aumenta el riesgo de que la mujer no pueda alejarse, si no cuenta con el apoyo adecuado.
Por lo tanto, luchar contra la violencia masculina contra las mujeres requiere no sólo conciencia y coraje por parte de las víctimas, sino sobre todo un sistema de políticas públicas encaminadas a garantizar la independencia económica de estas mujeres, a crear un entorno seguro y justo para ellas y para sus niños e hijas.
Existen iniciativas a nivel nacional en este sentido, entre ellas, la renta de libertad que consiste en una aportación económica, hasta un máximo de 400 euros mensuales, concedida en un pago único durante un máximo de doce meses. En las intenciones del Departamento de Igualdad de Oportunidades, que patrocina la medida, se pretende apoyar prioritariamente los gastos para la independencia habitacional y la recuperación de la autonomía personal y la trayectoria escolar y formativa de los menores. Sin embargo, el informe anual del INPS destacó que para 2022 se aceptaron 415 solicitudes de 1.902 presentadas. Datos no precisamente reconfortantes, incluso teniendo en cuenta que según la cadena DiRe. En 2022, 20.711 mujeres fueron acogidas sólo en los centros pertenecientes a la red. Aún no disponemos de los datos para 2023, pero es de suponer que las cosas habrán ido aún peor, dado que en 2022 se habían asignado 9 millones de euros, drásticamente reducidos a menos de dos millones para 2023. Se ha anunciado un aumento de la financiación para 2024. a 6 millones, pero mientras tanto los territorios tuvieron que encontrar los recursos de forma independiente: de hecho, la ley prevé la posibilidad de añadir recursos regionales a los estatales transfiriéndolos directamente al INPS.
Otra medida del Gobierno es el Microcrédito Libertad, que se desarrolla en dos líneas: la social proporciona financiación de hasta 10.000 euros para gastos del hogar o familia, o para cursos de formación profesional; el emprendedor para abrir un negocio, y en este caso la financiación máxima puede llegar a los 50 mil euros.
Para el subsidio de inclusión, que a partir de enero de 2024 sustituirá efectivamente el ingreso de ciudadanía, las mujeres incluidas en cursos de protección constituirán una unidad familiar independiente a efectos del ISEE, y por tanto en lo que respecta a la verificación del requisito económico, una modificación solicitada por más voces. , finalmente escuchó.