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Los bonos soberanos venezolanos y los de la petrolera estatal PDVSA recuperarán su lugar en los índices de deuda de mercados emergentes de JPMorgan durante un período de tres meses a partir de abril, después de que en octubre se levantaran las sanciones estadounidenses al comercio secundario.
Los bonos se incluirán en los influyentes índices de referencia EMBI Global/Diversified “durante un período de introducción gradual de tres meses que comenzará el 30 de abril y finalizará el 28 de junio”, dijo JPMorgan en un comunicado el jueves.
“Veinte bonos soberanos y cuasisoberanos venezolanos que representan un valor nominal total de 53.000 millones de dólares se introducirán progresivamente a lo largo del período de reequilibrio de tres meses”.
La empresa colocó a Venezuela en un “Índice de Vigilancia” en noviembre después de que la administración Biden levantara las sanciones a los mercados secundarios de deuda que habían estado vigentes durante casi cuatro años.
La decisión significa que los bonos deben tener un peso total estimado de 58 puntos básicos en el índice EMBI Global Diversified y 69 pb en el índice EMBI Global, dijo JPMorgan. Los bonos habían tenido una ponderación de cero desde que Washington impuso en 2019 sanciones al comercio, así como a los sectores petrolero y minero del país.
Los bonos venezolanos subieron en respuesta, con precios que subieron 3,5 centavos, a alrededor de 21 centavos por dólar el jueves por la tarde. Los bonos de PDVSA con vencimiento en 2026 subieron 2,5 centavos a 11 centavos.
La administración Biden anunció en octubre que levantaría parcialmente las sanciones a Venezuela —incluidos sus sectores petrolero y minero— durante seis meses tras la reanudación de las conversaciones entre el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro y su facción opositora respaldada por Estados Unidos.
La continuación de ese alivio estaba condicionada a que Caracas tomara medidas para celebrar elecciones “libres y justas” en la segunda mitad de este año, dijo la Casa Blanca en ese momento. El mes pasado, Washington volvió a imponer sanciones a la minera estatal Minerven después de que los tribunales venezolanos confirmaran la prohibición de la candidatura de la líder de la oposición María Corina Machado.
Juan González, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, dijo a los periodistas en Bogotá este mes que, si bien se estaba revisando el alivio de las sanciones petroleras y mineras, levantar la prohibición comercial redundaba en interés de Estados Unidos.
“A Estados Unidos le interesa fundamentalmente asegurarse de que no haya actores malignos que realmente estén involucrados en el mercado secundario”, dijo González.
La reinclusión en los índices de JPMorgan no significa que el país de la OPEP pueda acceder a los mercados de capital, ya que aún está vigente la prohibición a los inversores estadounidenses de comprar deuda venezolana recién emitida.
«Antes de que esto suceda, sería necesaria la eliminación de las sanciones y una reestructuración muy compleja», dijo Armando Armenta, estratega de mercados emergentes de AllianceBernstein. «La comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y la UE ha dejado claro que unas elecciones libres y justas son condiciones necesarias antes de la eliminación de las sanciones».
JPMorgan dijo el jueves que si se volvían a imponer sanciones a la deuda venezolana, “se seguirán las reglas del índice sobre eventos de perturbación del mercado y el país será eliminado del índice”.
Aunque la decisión de JPMorgan abrirá nuevamente los bonos venezolanos a los llamados fondos pasivos que compran según índices, los inversores han dicho que sigue siendo difícil invertir en la deuda debido a las complejidades legales que trae la política dividida de Venezuela.
Los acreedores han estado esperando que una próxima subasta de acciones de Citgo, una refinería estadounidense propiedad de PDVSA, ayude a pagar parte de la deuda impaga de la compañía petrolera.
Pero, para ilustrar las complejidades, esta semana un tribunal estadounidense dictaminó que la ley venezolana debería determinar la validez de la deuda, lo que ha sido cuestionado por la oposición.