En Italia, la ley de 22 de mayo de 2017, número 81, sobre medidas para la protección del trabajo por cuenta propia y medidas para fomentar la articulación flexible de horarios y lugares de trabajo, se aplica a todas las empresas públicas y privadas, como recuerda el informe de Eurofound ‘Derecho a desconectarse : implementación e impacto a nivel empresarial», precisando que la ley no reconoce explícitamente la desconexión como un derecho, pero prevé su regulación mediante negociación individual entre empresario y empleado.
Legislación en evolución
“A pesar de la ausencia de una normativa comunitaria específica que exija el establecimiento de un derecho explícito a la desconexión – analiza Paola de Vita, colaboradora de Adapt – en Europa, la legislación a nivel nacional ha experimentado una evolución significativa en los últimos años. Esto refleja la creciente relevancia de la cuestión de la “conexión constante” en el debate político. Las disposiciones de los convenios colectivos relativas al derecho de desconexión también están en constante evolución. En Italia – precisa – los métodos de conexión y desconexión forman parte integrante de los contratos individuales de los trabajadores “inteligentes” y, por tanto, se negocian entre el trabajador y el empresario. Italia fue el segundo país de la UE en introducir legislación relativa al derecho a desconectarse mediante acuerdos laborales “ágiles”. Estos acuerdos deben incluir el derecho del trabajador al tiempo de descanso y las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la desconexión de las herramientas tecnológicas utilizadas durante el trabajo (art. 19, párrafo 1). Durante la pandemia, como parte de las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, se suspendió la obligación de negociar contratos individuales para el trabajo inteligente y se aplicó automáticamente el derecho a la desconexión a todos los trabajadores que realicen actividades de forma remota. Esta exención temporal fue posteriormente revocada el 31 de diciembre de 2022.
Dos acuerdos interconfederales
En 2021, dos acuerdos interconfederales para el sector público y privado reafirmaron el derecho a la desconexión dentro de esquemas laborales flexibles y ágiles: el Pacto por la Innovación en el Trabajo Público y la Cohesión Social y el Protocolo Nacional sobre Trabajo Ágil en el sector privado; este último establece las disposiciones para la implementación del derecho de desconexión de los empleados”.
Las reglas en los países europeos.
“En junio de 2023 – afirma – nueve Estados miembros tenían legislación relativa al derecho de desconexión (Bélgica, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y España). Además, Irlanda adoptó un código de conducta en 2021; Aunque no es una ley formal, los tribunales pueden hacer referencia a ella al decidir sobre el fondo de un caso. Cuatro Estados miembros (Bélgica, Francia, Italia y España) ya habían aplicado algunas disposiciones cuando se produjo la pandemia. En 2021, Grecia, Portugal y Eslovaquia adoptaron leyes que prevén el derecho a la desconexión, en gran medida debido al aumento del teletrabajo provocado por la pandemia. En Croacia se aprobó una nueva legislación en 2022 y en Luxemburgo en 2023. En ambos países las disposiciones entraron en vigor a partir de 2023”. “Varias características clave – explica – caracterizan y distinguen las disposiciones sobre el derecho a desconectarse en los diferentes países. Los aspectos más importantes son la cobertura de la regulación (por ejemplo, el tamaño de la empresa y los tipos de trabajadores afectados), el enfoque de su implementación (por ejemplo, aplicabilidad directa o mediante convenios colectivos) y la presencia y naturaleza de las sanciones. En siete de los nueve países considerados las disposiciones afectan tanto al sector público como al privado. En algunos países, la normativa se aplica únicamente a los teletrabajadores (Grecia y Eslovaquia) o a los trabajadores que utilizan tecnologías de la información para realizar su trabajo a distancia de forma permanente u ocasional (Luxemburgo, Portugal y España). En España, la legislación se aplica a todos los trabajadores, pero la ley parece ser especialmente aplicable a los teletrabajadores de forma regular u ocasional. En Italia, la legislación se aplica a los llamados trabajadores inteligentes que trabajan de forma híbrida. Los umbrales de tamaño de las empresas se aplican en Bélgica (empresas con más de 20 empleados) y también en Francia, pero en este último caso los tribunales y los convenios colectivos han tendido a eliminar el umbral de 50 empleados”.
Negociaciones entre los interlocutores sociales
“Las negociaciones entre los interlocutores sociales a nivel empresarial – precisa de Vita – desempeñan un papel fundamental en la realización del derecho a la desconexión. Garantizan que los acuerdos de implementación específicos se adapten a las necesidades del lugar de trabajo, siempre que se garanticen una serie de cuestiones clave (por ejemplo, formación y definición de cómo se puede conceder a los trabajadores el derecho a desconectarse). Estas negociaciones con los interlocutores sociales son necesarias en Bélgica (en el sector privado), Francia, Luxemburgo y España. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se prevé un plan alternativo. Esto suele adoptar la forma de una política, un estatuto o un instrumento similar de la empresa, cuyos detalles deben comunicarse a los empleados”. Aquí pues, país por país, está el comentario de Paola de Vita.