La solicitud de libertad bajo fianza ya ha sido rechazada varias veces y ahora los abogados están intentando un nuevo enfoque.
Sean “Diddy” Combs es actualmente sospechoso de trata de personas, abuso de drogas y abuso sexual. El rapero estadounidense se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 16 de septiembre. Ahora el equipo legal del hombre de 55 años presenta otra solicitud de libertad bajo fianza con nuevas condiciones.
Monitoreo las 24 horas
El juez competente ya había rechazado tres veces la solicitud de liberación del músico, pero ahora, según “Bild”, una fianza de 50 millones de dólares y una vigilancia del músico las 24 horas del día deberían hacerle cambiar de opinión. Con esta propuesta, los abogados de P. Diddy quieren refutar los argumentos del juez, que justificó entonces su decisión de la siguiente manera: “El acusado representa un peligro. Existe la posibilidad de que el magnate del hip-hop pueda aprovechar su liberación”. prisión para contactar a las presuntas víctimas. Según el equipo de Diddy, esto no era posible gracias al seguimiento constante del músico.
Los abogados también citaron casos más antiguos con similitudes en los que a los acusados se les permitió pasar su tiempo fuera de prisión hasta el juicio. Un ejemplo es un director ejecutivo que fue acusado de tráfico sexual de hombres jóvenes. Se aprobó una fianza de diez millones de dólares estadounidenses; Diddy estaría dispuesto a pagar cinco veces esa cantidad.
Además, los abogados argumentaron que no fue posible revisar las pruebas junto con su cliente mientras estaba bajo custodia: “La situación actual hace imposible la preparación del juicio”, se afirma en la demanda.
Los abogados de Diddy solicitaron la prohibición de hablar
Además de la liberación del rapero y productor hasta el juicio en mayo de 2025, su equipo ya solicitó la prohibición de hablar en nombre de las presuntas víctimas. En consecuencia, no se les permite comentar el caso en público ni en la prensa. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez federal porque los presuntos afectados tienen derecho a la libertad de expresión.