En los próximos dos años deberán habilitarse en Drente un total de 2.691 plazas de acogida para solicitantes de asilo. Así se desprende de la elaboración de la ley de dispersión, que fue aprobada por el Senado la semana pasada.
Las 2.691 plazas del albergue no son camas supletorias. El alojamiento existente podrá deducirse de la declaración provincial.
La ley tiene como objetivo aliviar la carga del centro de registro de Ter Apel y entrará en vigor mañana. Según la ley, los municipios pueden verse obligados a recibir solicitantes de asilo. En total, las provincias y los municipios deben organizar conjuntamente este año 96.000 plazas de acogida para solicitantes de asilo. La distribución se basa en el número de habitantes y en la riqueza de un municipio.
El resumen muestra que en Drente se esperan relativamente pocas plazas de guardería adicionales. Las cifras son comparables en Groningen, Frisia, Flevolanda y Zelanda.
Las provincias de Holanda Meridional y Septentrional y de Brabante Septentrional se enfrentan a un desafío mayor. Holanda Meridional debe crear casi 20.000 plazas de refugio, Holanda Septentrional más de 16.000 y Brabante Septentrional algo menos de 15.000. Durante años han recibido menos solicitantes de asilo de los que se les pide.
Cada provincia tiene hasta el 1 de noviembre para concertar esta tarea provincial con sus municipios. Los planes provinciales de acogida deberán luego presentarse al Ministerio de Justicia y Seguridad. Un municipio puede indicar que no quiere acoger a solicitantes de asilo, pero acepta, por ejemplo, a titulares de estatus y/o refugiados ucranianos. Los municipios pueden “intercambiarse” entre sí siempre que las plazas de acogida solicitadas estén dispuestas al final de la fila por provincia.
La distribución indicativa es importante para la posible bonificación financiera que los municipios pueden recibir si habilitan más plazas de alojamiento. Los municipios pueden recibir del Ministerio entre 1.000 y 2.000 euros por cada plaza adicional que esté disponible durante al menos cinco años.
El Secretario de Estado de Justicia evaluará los doce planes antes del 1 de enero. Si las provincias han proporcionado plazas suficientes, los municipios tienen seis meses para realizarlas. En las provincias sin un buen plan interviene el Secretario de Estado. Mediante la llamada decisión de distribución, obliga a los municipios a disponer un determinado número de plazas de refugio.
Si esto tampoco arroja resultados suficientes, el Ministerio de Justicia, en última instancia, organizará las plazas en el propio municipio. Esta “coerción” no se utilizará hasta dentro de un año como mínimo.
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