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La UE debería emprender una revisión a fondo de su Política Agrícola Común, de 387.000 millones de euros, para subvencionar a los agricultores en función de sus ingresos en lugar del tamaño de sus explotaciones, según un informe encargado por Bruselas en respuesta a las violentas protestas de los agricultores.
Las recomendaciones fueron presentadas el miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Son el resultado de consultas entre agricultores, ONG, consumidores y minoristas de alimentos que culminaron en tres sesiones maratonianas de negociación de día y de noche la semana pasada, que pusieron de relieve opiniones profundamente divididas sobre el futuro de la agricultura.
“No es posible seguir como hasta ahora, ya sea en el plano económico, social o medioambiental”, afirma el informe de los llamados Diálogos Estratégicos sobre el Futuro de la Agricultura de la UE. “Es necesario actuar con audacia y rapidez a todos los niveles” para hacer frente a las “múltiples crisis” que afectan a los agricultores, incluidos los efectos cada vez mayores de las condiciones meteorológicas extremas, como la sequía, la inflación y los competidores mundiales de bajo coste.
Von der Leyen dijo a los periodistas que los agricultores habían tenido la sensación de que estaban siendo “microcontrolados” y que “estudiaría cuidadosamente las recomendaciones del informe” y que éste serviría para elaborar una “visión” para la agricultura y la alimentación que se presentará en los primeros 100 días de la nueva Comisión Europea, que debería empezar a sesionar a finales de este año.
Las recomendaciones del informe no son vinculantes. Sin embargo, Von der Leyen destacó que la idea de un consejo asesor que oriente la política agrícola tiene un potencial especial.
Entre otras propuestas del informe se encuentran planes para alentar a los consumidores a reducir su consumo de carne, incluso mediante incentivos fiscales y etiquetado, y para ayudar a los agricultores a abandonar la ganadería, incluida una controvertida sugerencia de introducir planes de compra voluntaria para granjas en zonas con altos niveles de ganadería intensiva.
La recomendación más importante es una revisión a fondo del sistema de subsidios de la PAC de la UE, que se lanzó por primera vez en 1962 y consume un tercio del presupuesto plurianual del bloque.
En lugar de asignar apoyo directo a los agricultores según la cantidad de tierra que poseen y vincularlo a normas ambientales obligatorias, el informe recomienda que los subsidios se destinen a “los agricultores activos que más los necesitan” en función de su “viabilidad económica”.
Los diálogos fueron anunciados por von der Leyen como parte de una propuesta dirigida a los agricultores por parte de su Partido Popular Europeo de centroderecha antes de las elecciones europeas de junio, dado que los votantes rurales parecían estar recurriendo a grupos políticos más marginales.
El informe fue supervisado por el académico alemán Prof. Peter Strohschneider, quien presidió una consulta similar en Alemania en 2021.
Strohschneider dijo sobre la recomendación de la PAC que “el dinero público no debe gastarse en aquellos que no lo necesitan” y defendió la sugerencia del documento de que el consumo de carne debería reducirse comparándolo con los límites de velocidad que también limitan las libertades individuales.
Christel Delberghe, directora general de la asociación de comercio minorista EuroCommerce, que participó en la redacción del informe, afirmó: “La verdadera característica principal es el compromiso con el cambio y con la [climate] “La transición es un proceso en el que todos estamos de acuerdo (agricultores, minoristas y consumidores) en que las cosas tienen que cambiar. Eso, por sí solo, es un cambio de paradigma”.
Los grupos de activistas agrícolas y medioambientales también apoyaron abiertamente el informe.
Marco Contiero, director de política agrícola de la UE en Greenpeace, afirmó que el proceso había implicado un debate “serio y sólido” basado en evidencia científica. “Esto es claramente mejor que una serie de declaraciones populistas que no se basan en la realidad”.
La Comisión abandonó temporalmente las normas medioambientales actuales de la PAC tras las protestas de los agricultores a lo largo de la primavera de este año, en las que se quemaron neumáticos, se derribaron estatuas frente al Parlamento Europeo y se esparció estiércol por las calles de las capitales de la UE.
Grupos ecologistas como ClientEarth y Birdlife presentaron en julio una queja al Defensor del Pueblo Europeo, alegando que la eliminación de las normas medioambientales se había llevado a cabo mediante un proceso “a puertas cerradas” y que era “sin precedentes y antidemocrático”.
El informe propone que los agricultores reciban incentivos en el marco de la PAC para que sus prácticas sean más ecológicas, así como de un “Fondo de Transición Justa” que está fuera del presupuesto de la PAC y está dedicado a cambios a más largo plazo, como la conversión de las explotaciones a métodos “regenerativos” u orgánicos. También debería haber un paquete de préstamos de hasta 3.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones que dé prioridad a los jóvenes agricultores.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la producción y distribución de alimentos son responsables de entre el 21 y el 37 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, según los criterios que se midan. Más de la mitad de esas emisiones proceden de la ganadería.
A pesar de ello, la agricultura sigue siendo uno de los últimos sectores de la UE sin un objetivo general de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras el bloque intenta reformar su economía en un esfuerzo por alcanzar emisiones netas cero para 2050.