Hungría y Polonia, furiosas por el acuerdo migratorio: “Legalmente hemos sido violadas”

Polonia y Hungría expresaron su enojo en una cumbre europea informal en Granada el viernes por el compromiso migratorio que los estados miembros de la Unión Europea alcanzaron a principios de esta semana. “Jurídicamente hablando, hemos sido violadas”, fulminó el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

“Polonia y Hungría no quedaron satisfechas con la propuesta, pero siguieron adelante sin nosotros. Ahora no hay ninguna posibilidad de llegar a un compromiso o acuerdo en materia de migración. Políticamente eso es imposible. No sólo hoy, sino en general, en los años venideros”, dijo Orban. Anteriormente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, también había expresado su descontento por “un dictado de Bruselas y Berlín”.

Los Estados miembros llegaron a un acuerdo en Bruselas el miércoles sobre las nuevas normas que deberían aplicarse cuando un Estado miembro se enfrenta a una afluencia masiva de inmigrantes en la frontera. Este reglamento de crisis permite excepciones a los procedimientos clásicos de asilo, incluidos períodos de detención más largos, pero el texto también obliga a otros Estados miembros a mostrar solidaridad y ayuda.

“Gran éxito”

“Un gran éxito”, así saludó el acuerdo en Granada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Habló de una pieza importante del rompecabezas de la nueva política común de asilo y migración. Según ella, ahora es “muy probable” que las negociaciones finales entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo puedan concluir antes de las elecciones del próximo año.

Las negociaciones entre los estados miembros habían sido particularmente difíciles, con la resistencia primero alemana y luego italiana. El compromiso fue finalmente aceptado por una mayoría cualificada (el 55 por ciento de los Estados miembros representan al menos el 65 por ciento de la población de la UE). Austria, República Checa y Eslovaquia se abstuvieron, sólo Polonia y Hungría votaron en contra.

Polonia y Hungría exigen un derecho de veto, pero en estos expedientes, según los tratados europeos, se puede recurrir a la mayoría cualificada. Tras la resistencia de Varsovia y Budapest a un plan de dispersión durante la crisis de refugiados de 2015, durante años se intentó llegar a un consenso entre todos los Estados miembros en este explosivo debate, pero estos intentos finalmente fueron abandonados.

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