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El autor es expresidente del Banco Central Europeo y primer ministro de Italia entre 2021 y 2022. Es autor de un reciente informe sobre el futuro de la competitividad europea
La UE se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2050; invertir al menos el 2 por ciento del PIB al año en defensa para todos los miembros de la OTAN; aumentar el gasto público y privado en innovación al 3 por ciento del PIB; actualizar su infraestructura digital a niveles de última generación; e invertir en mitigación y prevención del clima. También tiene objetivos más amplios, como preservar su modelo social.
Muchos de estos objetivos están establecidos en la legislación nacional y de la UE. Pero las necesidades de inversión acumulativas que implican son enormes. Estimaciones conservadoras por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sitúan las cifras entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año. Satisfacer estas necesidades requeriría que la inversión aumentara al 27 por ciento del PIB de la UE, desde el 22 por ciento actual.
Históricamente, alrededor del 80 por ciento de la inversión en Europa ha sido financiada por el sector privado y el 20 por ciento por el sector público. Esto implica que los gobiernos necesitarán gastar más de 1 billón de euros en los próximos siete años.
Muchos gobiernos de la UE están enfrentando este desafío de inversión desde un punto de partida de elevadas deudas heredadas y déficits estructurales. Pero análisis del BCE sugiere que hay margen para que la inversión pública se expanda significativamente si los gobiernos aprovechan plenamente las nuevas reglas fiscales de la UE.
El BCE estima que las nuevas reglas –que permiten a los países extender la consolidación fiscal por hasta siete años para llevar a cabo inversiones y reformas– podrían en principio desbloquear hasta 700.000 millones de euros. Y una vez terminada la fase de consolidación, a los países se les permite mantener los déficits estructurales en el 1,5 por ciento del PIB.
En comparación con las normas anteriores, este margen podría crear alrededor de 1 punto porcentual más de espacio fiscal para la inversión. Otros 400.000 millones de euros también procederán de los recursos existentes de la UE.
¿Cómo puede Europa garantizar que este espacio fiscal se utilice y se utilice bien? El presupuesto adoptado esta semana por el gobierno del Reino Unido ofrece algunas ideas interesantes en este sentido específico.
El gobierno del Reino Unido ha optado por aumentar significativamente la inversión pública durante los próximos cinco años y ha adoptado reglas precisas para garantizar que el endeudamiento se utilice únicamente para financiar esta inversión.
Además, para garantizar la calidad del gasto, las transacciones serán validadas por autoridades independientes. Esto aumenta la probabilidad de que la inversión pública tenga un valor presente neto positivo y, por lo tanto, respalde la sostenibilidad fiscal.
Los países de la UE están ahora en el proceso de presentar sus primeros planes presupuestarios bajo las nuevas reglas fiscales de Europa. Las primeras pruebas sugieren dos diferencias importantes entre su enfoque y el del Reino Unido.
En primer lugar, la mayoría de los países que tienen espacio fiscal y no enfrentan un deterioro grave de las perspectivas macroeconómicas están optando por una trayectoria de consolidación más corta, de cuatro años en lugar de siete. Parece poco probable que estos gobiernos utilicen los márgenes para aumentar la inversión que proporcionan las nuevas reglas.
En segundo lugar, para aquellos países que tienen la intención de hacer uso de la extensión de siete años, la garantía de que el dinero se gastará bien recae en la Comisión. Esto requiere que sea un socio negociador exigente, que haga cumplir rigurosamente los objetivos de inversión y evalúe la calidad de la inversión y si aborda “las prioridades comunes de la Unión”.
Hasta ahora, los bienes públicos como la mitigación y prevención del clima, las interconexiones energéticas, la investigación y la defensa no han recibido financiación suficiente. Es una cuestión abierta si esta brecha persistirá en el futuro.
A nivel de país, las trayectorias de la deuda parecen haber sido diseñadas únicamente para satisfacer los análisis de sostenibilidad de la deuda. Y a nivel de la UE, hasta ahora no ha habido una evaluación común de si los planes individuales de los países satisfacen las necesidades colectivas del bloque.
Sin duda, la mayor parte de la inversión seguirá necesitando ser financiada por el sector privado. Pero las finanzas privadas no responderán sin una agenda de reformas coordinada.
Un uso más eficiente de las altas tasas de ahorro privado de Europa requiere la integración de sus mercados de capital. Redirigir la inversión privada de industrias maduras a sectores más avanzados dependerá de completar el mercado único.
Sin esto, las empresas innovadoras en sectores de rápido crecimiento, como los servicios digitales, no podrán crecer y atraer capital. Y, como resultado, la inversión seguirá estancada en tecnologías antiguas.
La UE puede tener una preferencia declarada por ser un líder climático, un innovador digital y un actor geopolítico. Pero por ahora, la preferencia revelada de sus integrantes es otra. Sin utilizar su espacio fiscal y reformar sus mercados, es difícil ver cómo Europa logrará sus ambiciones.