La Haya suele producir informes sobre gobernanza y política de diversos calibres. Pero la ‘promesa incumplida del Estado de derecho’ de esta semana, por parte de la Comisión estatal sobre el Estado de derecho, es un tipo poco común. Es una síntesis de todas las reflexiones anteriores sobre la gobernanza fallida, la democracia defectuosa y las leyes y reglas excesivamente complejas provenientes de la ciencia y la gobernanza. Y saca conclusiones sobrias e inevitables, que aparentemente son difíciles de evitar.
El hecho de que esta comisión estatal recibió su encargo de los tres poderes del Estado conjuntamente, eligió enfáticamente la perspectiva ciudadana y no se preocupó por la situación política, hace que el análisis sea un cuervo blanco. La conclusión también es cruda: el estado de derecho ha sido descuidado durante años. Es hora de restaurar a fondo el contrato social entre el ciudadano y el Estado. De hecho, se ha roto la promesa hecha por el Estado de derecho a los ciudadanos de protección contra la arbitrariedad, de influencia real en el poder y del derecho a recibir apoyo práctico de ese Estado en tiempos turbulentos. Muchos ciudadanos ya no lo creen, se sienten abandonados, se consideran perjudicados y, por tanto, son susceptibles a soluciones simples.
La Comisión Estatal no escribe esto último, pero es obvio. La sociedad ha estado bajo tensión durante algún tiempo, lo que ha resultado en polarización, “mechas cortas”, fragmentación política, populismo y desvinculación social. De ello se deriva el fenómeno de los ciudadanos “autónomos” que, en principio, ya no pagan multas, primas ni gravámenes. Y que quieren ‘arrestar’ a los funcionarios que luego presentan el proyecto de ley en la puerta. La impotencia y la ira van de la mano. Es un fenómeno de disolución del Estado de derecho.
El comité estatal ahora está presentando diez soluciones prácticas, que el próximo gobierno puede aportar aproximadamente 1.500 millones de euros adicionales. Muchas de estas soluciones se han escuchado antes o se basan en análisis anteriores. Algunas incluso se han repetido con tanta frecuencia (‘fortalecer la defensa social’) o son tan obvias (‘simplificar la legislación y los reglamentos’) que la tendencia a colocar silenciosamente el informe en el montón de buenas intenciones ya conocidas es bastante grande. El hecho de que hayamos logrado dar urgencia al asesoramiento es el resultado de la orientación sobre las experiencias de los ciudadanos. Son impactantes. Experimentan un gobierno amenazador que quita y castiga.
Esta “promesa incumplida” también parece, como era de esperar, basarse en un colosal problema de comunicación administrativa con el ciudadano. A menudo parece que el gobierno ya no tiene el control de sus propias reglas, creó un laberinto de mostradores y sitios web y de repente ha llegado a ver a los ciudadanos como estafadores. En ese sentido, la Comisión Estatal ha tomado el lugar de todos los Defensores del Pueblo Nacionales de las últimas décadas y ha hecho suyos todos sus informes. Este informe, desde esta perspectiva, es uno estupefacto nulo, una invitación a la reflexión, a empezar de nuevo, a uno reiniciar de la relación ciudadano-gobierno. Que no tolerará más retrasos.
Cualquiera que compare las principales líneas de acuerdo de los cuatro próximos partidos de la coalición con esto se dará cuenta rápidamente de que este consejo va mucho más allá. Por eso el nuevo armario parece inmediatamente demasiado grande. Pide a los políticos que hagan algo que no han podido hacer durante décadas. Es decir, desarrollar relaciones estables de tal manera que las políticas, la legislación y la implementación se simplifiquen en una “cooperación a largo plazo en todo el Parlamento”. Lo que significa aceptar que ya no todo el mundo “obtiene exactamente lo que se merece hasta el último decimal”. Y ya no crear nuevas reglas o políticas después de cada incidente. Elegir, mostrar autocontrol, trabajar juntos: el consejo es “mejorar” el trabajo parlamentario.
Dar a la propia Cámara la posibilidad de elegir entre un “turno de preguntas sin cámara o una cuota de moción”. Pero, por favor, hagamos de la “simplificación de la legislación” un proyecto importante. Garantizar que la legislación se adapte mejor a las capacidades, a menudo sobreestimadas, de los ciudadanos. El mensaje a todos los poderes estatales es: libérense de su “impasse paralizante”. Todos en el gobierno y en la política conocen este problema desde hace años. Ahora está claro que los ciudadanos del Reino están siendo lentamente sofocados por leyes y normas y se están enojando y frustrando. La única salida a esto es mejorar el Estado constitucional democrático, como punto de partida obligatorio para todo lo que hace el gobierno. Trata a los demas como te gustaria ser tratado. Pensar en lo que el ciudadano puede entender y en lo que puede cumplir. Permitir que los ciudadanos participen en el Estado de derecho y permitirles ejercer sus derechos. Un reportaje a la altura.