De Sutter denuncia discriminación entre casados ​​y convivientes legales en materia de pensiones

La viceprimera ministra de Groen, Petra De Sutter, quiere acabar con el trato desigual de las personas casadas y las personas que cohabitan legalmente con respecto a las pensiones. “La pensión de sobrevivencia solo está disponible para las parejas casadas, aunque cada vez son más las parejas que cohabitan legalmente. Las mujeres viven más que los hombres, por eso son las principales víctimas”, dice en vísperas del Día Internacional de la Mujer y a la luz de la debate sobre pensiones que se llevará a cabo dentro del gobierno federal en las próximas semanas.

De Sutter también señala que las mujeres reducen más a menudo su trabajo para los niños, ya sea temporal o parcialmente, como resultado de lo cual no acumulan una pensión completa y, a menudo, ni siquiera reciben una pensión mínima.

En las próximas semanas después de las vacaciones de primavera, el gobierno federal considerará la reforma de pensiones. “Es francamente anticuado y discriminatorio que solo las parejas casadas reciban una pensión de sobreviviente o un subsidio de transición cuando su pareja fallece. Nuestro sistema de pensiones hace una distinción entre personas casadas y convivientes legales. No existe ninguna disposición legal para este último grupo. Eso tiene que cambiar. De lo contrario, nuestro sistema de pensiones parece un museo”, dice De Sutter.

El viceprimer ministro Groen explica que son principalmente las mujeres las que ahora sienten las consecuencias de esto, porque son las que viven más tiempo. Agrega cifras: “En primer lugar, está claro que el matrimonio en el sentido clásico de la palabra está en declive. En 2020 hubo 32.779 parejas que se casaron. En el mismo año, contamos no menos de 36,329 declaraciones de personas que comenzaron a vivir en pareja legalmente. Además, sabemos que en 4 de cada 5 parejas, el hombre muere primero”.

De Sutter, por tanto, argumenta a favor de ajustar el sistema de pensiones a la nueva realidad. También señala que la propuesta de vincular el derecho a una pensión mínima a al menos 20 años de trabajo efectivo también afecta de manera particular a las mujeres.



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