El decreto aumenta, en relación con las grandes empresas que se benefician de ayudas estatales para la realización de inversiones productivas, de cinco a diez años la duración del período, a partir de la fecha de conclusión de la iniciativa subvencionada, durante el cual se prevé una posible deslocalización de la actividad. afectado fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo conlleva la pérdida del beneficio y la imposición de una sanción equivalente a un importe entre dos y cuatro veces el importe de la ayuda recibida.