Toda persona detenida por intoxicación pública tiene ahora oficialmente derecho a asistencia médica, suficiente agua potable, el uso de instalaciones sanitarias y posiblemente una comida, aunque esto último depende del momento. Este es el resultado de un proyecto de ley del miembro del parlamento de CD&V, Franky Demon, al que la Cámara dio luz verde por unanimidad hoy.
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