Los trabajadores fueron liberados durante inspecciones en productores de alcohol y caña de azúcar en tres municipios de los estados de Minas Gerais y Goiás. Sus empleadores no les proporcionaron alimentos, los obligaron a pagar por sus herramientas y viviendas insalubres, y no les proporcionaron equipo de protección mientras estuvieron expuestos a productos tóxicos.
Desde principios de este año, las autoridades brasileñas han liberado a 890 trabajadores detenidos en condiciones degradantes. En todo 2022, fueron 2.075, la cifra más alta desde 2013. A menudo se trata de trabajadores de la agricultura, pero las prácticas también ocurren en la industria de la confección y el sector de la construcción, entre otros.