
No solo reformas. La nueva directiva Epbd (Directiva de rendimiento energético de los edificios), aprobada este martes por el Parlamento Europeo, también podría tener un impacto en la financiación, reduciendo los espacios para las hipotecas destinadas a la compra o rehabilitación de las viviendas más intensivas en energía.
La predicción viene deAbía través de su director general, Juan Sabatini, jueves 16 en una audiencia en el Comité de Políticas de la Unión Europea de la Cámara. Y parte de lo que la directiva, en su artículo 1, define como «reglas de cartera hipotecaria», es decir, mecanismos que obligan a los prestamistas hipotecarios (como, precisamente, los bancos) «a aumentar el rendimiento energético medio de la cartera de inmuebles objeto de sus préstamos hipotecarios”. Por lo tanto, las instituciones deben mejorar la eficiencia de estas propiedades, incluso si no las poseen.
Se reducen espacios de financiación para viviendas menos eficientes
El efecto de esta obligación, según la asociación, es que «los bancos necesariamente obligar – en la imposibilidad de mejorar la calidad de los inmuebles ya pignorados – en orientar sus opciones de financiación hacia inmuebles que tienen mejor rendimiento energético, reduciendo la posibilidad de acceder a crédito para la compra/rehabilitación de inmuebles de menor calidad». Así, los hogares menos eficientes verían reducidos sus espacios de financiación.
Ese no es el único problema de la disposición, ahora destinada al paso del diálogo a tres bandas antes del visto bueno definitivo. De hecho, alcanzar los objetivos de eficiencia requerirá un gran cantidad de inversión de particulares. Y no todos, por supuesto, podrán apoyarlos. «Los bancos -prosigue Sabatini- podrían haber dificultad para desembolsar fondos hipotecas a sujetos de menor solvencia, dado que el proceso de financiación debe basarse necesariamente en una sólida evaluación de la solvencia, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de supervisión bancaria, así como en la directiva sobre crédito inmobiliario al consumo, para evitar fenómenos de sobre -endeudamiento”. Para el segmento más débil de la población, entonces, debería el estado interviene.
Doble impacto en los bancos
El impacto en las instituciones, en esencia, podría ser doble. A nivel directo, la directiva “podría conducir a una amortización de garantías adquiridos por los bancos para la concesión de préstamos hipotecarios”. Indirectamente, «menos riqueza también significa menor posibilidad de acceso al crédito para las empresas y los hogares, con las consiguientes menores posibilidades de crecimiento de la economía». En los próximos pasos de la directiva, entonces, según la asociación, se necesitan correcciones con mayores elementos de proporcionalidad y flexibilidad. También porque los objetivos de reurbanización (clase E en 2030 y D en 2033) son “difíciles de alcanzar en los plazos establecidos”.



