La oposición amenaza con un obstruccionismo muy duro sobre el llamado decreto Rave, el primer decreto de identidad aprobado por el gobierno de Meloni, y pretende hacer uso de todos los instrumentos que pone a su disposición el reglamento de la Cámara con el objetivo de hacerlo caducar, evitando su conversión. El Gobierno ha planteado la cuestión de la confianza y está inmerso en una carrera contrarreloj por la aprobación del texto que vence el viernes 30 de diciembre.
La oposición: “Una fritada mixta”
La disposición, sobre la que se ha abierto una guerrilla parlamentaria (ya aprobada entre mil polémicas el pasado 13 de diciembre en el Senado) ha sido definida por Toni Ricciardi, del Partido Demócrata, como un “mestizaje, un decreto dictado exclusivamente por motivos propagandísticos e identitarios que demuestra una ausencia completa y total de cualquier idea de cómo gobernar este país.
El decreto es profundamente rechazado por la oposición, en particular por tres medidas: la introducción en la ley del delito de “fiesta rave”, una excepción a la obligación de vacunación con la reintegración temprana en el lugar de trabajo de los médicos sin vacunas y la cancelación de delitos contra la Administración Pública de la lista de impedimentos.
El agarre anti-rallies
La regla anti-Rave, reescrita en el Senado por el gobierno sobre la base de las enmiendas presentadas por la presidenta de la Comisión de Justicia Giulia Bongiorno y por el senador FI Pierantonio Zanettin, introduce el nuevo artículo del código penal, 633-bis, que sanciona con prisión de 3 a 6 años a quienes organicen mega-reuniones musicales en terrenos ajenos, donde también se consuman drogas. Para los partícipes se aplicará siempre el artículo 633, que habla de la invasión de terrenos y construcciones.
Doctors no vax, finalización anticipada de la obligación de vacunación
El decreto adelantaba del 31 de diciembre al 2 de noviembre el fin de la obligación de vacunación anti-Covid para los trabajadores de los sectores sanitario, social y de previsión social. Las únicas categorías para las que la obligación seguía vigente.