La rentabilidad del BTp a diez años también subió ayer ya en un 3,6% y los 241 puntos que la separan de los bonos alemanes indican que la reacción de los mercados a la caída del Gobierno de Draghi está ahí. Pero más que el aumento del gasto en intereses, en parte ya incorporado en los programas de financiación pública de la acción por el cambio de horizonte de la política monetaria, las incógnitas que produce el cortocircuito político de los últimos días se centran en el espacio para los próximos movimientos de política económica. Espacios políticos en el caso del decreto Aid-bis, financiado por la avalancha de ingresos registrada en los primeros seis meses del año gracias al buen desempeño de la economía; y espacios políticos, técnicos y financieros para las intervenciones de otoño y la maniobra de fin de año, decididamente menos desbordantes de lo que parece tras la avalancha de promesas ya iniciada. Pero vamos en orden.
Sobre intereses, el Def de abril ya calculó en términos nominales 30.000 millones adicionales en tres años (10.650 millones en 2022) respecto a las previsiones del Nadef 2021, redactado al final de la era de tipos cero. Eso sí, en abril el BTP a diez años estaba algo por encima del 2%, y el programa de finanzas públicas pronosticaba un repunte de las rentabilidades producido “por los anuncios y decisiones de política monetaria del BCE en respuesta a las presiones inflacionistas” (página 79 del Documento ) y mucho menos del repunte del riesgo político por la huida de casi todos los partidos mayoritarios del apoyo al Gobierno del expresidente del BCE.
Valores con una vida media más larga
No obstante, la labor de la Tesorería en los últimos años ha levantado una barrera lo más sólida posible frente al riesgo de tipo de interés, realizada sobre todo alargando la vida media de los valores. Con el objetivo de que el efecto de la fiebre en los mercados sea lo más diluido posible en el tiempo. Con 100 puntos de rentabilidad adicionales durante cuatro años sobre toda la curva de vencimientos, calculan los técnicos de Hacienda, el gasto crece un 0,13% del PIB en el primer año (algo menos de dos billones y medio) y luego se eleva a unos 11.500 millones anuales ( 0,53% del PIB) a partir del cuarto año. Cifras importantes, probablemente subestimadas dado que los puntos más que en abril ya son 150, que sin embargo se desarrollan en un horizonte temporal generalmente fuera del radar de gran parte de la política italiana.
Las perspectivas para el otoño: fuerte riesgo de heladas
Los problemas más inmediatos los produce en cambio el calendario de la crisis, que ha llovido en pleno apogeo de una recuperación económica que medirá el próximo viernes la estimación preliminar de Istat para el segundo trimestre pero que luego deberá hacer frente al fuerte riesgo de congelación en el otoño. Esta dinámica permite la construcción del nuevo decreto de Auxilio, que se espera entre fines de la próxima semana y principios de la siguiente, en un formato que probablemente estará exento de problemas políticos más que financieros. Pero complica drásticamente la vida de la maniobra de fin de año, que pese al burbujeo de promesas ya iniciado ayer tendrá que hacer frente a más órdenes de constreñimientos.
Las estimaciones de crecimiento para 2023 se reducen drásticamente
El primero es matemático. El gobierno había estimado un crecimiento del 2,4% para el próximo año, mientras que la comisión de la UE indica un 0,9% (y ayer Oxford Economics publicó una previsión en torno al 1%); un punto y medio menos de crecimiento significa 8 decimales más de déficit. En este contexto, el Gobierno de Draghi deberá construir a mediados de septiembre una nota de actualización de la Def que se limitará a actualizar las cuentas a la legislación vigente, para dejar en manos de los sucesores que salgan de las urnas. El nuevo Gobierno necesitará una prórroga respecto de los plazos ordinarios (15 de octubre) para enviar a Bruselas su programa presupuestario, que se negociará en unas semanas en un contexto de desaceleración económica. Todo en un contexto dominado por el rico abanico de condicionalidades que vinculan la activación del “escudo anti-spread” descrito ayer por el BCE a la ausencia de desequilibrios macroeconómicos, el cumplimiento de los criterios presupuestarios señalados en Bruselas, la sostenibilidad de la deuda y la adopción de políticas en consonancia con las recomendaciones específicas por país.