La ley le da al Ministerio Público un amplio margen para perseguir el financiamiento del terrorismo. Pero en los últimos años ha dado lugar principalmente a demandas contra padres sollozantes que habían transferido pequeñas cantidades de dinero a sus hijos en Siria, concluye el investigador Tasniem Anwar. “La pregunta es si eso es efectivo”.
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