El 12 de junio, más de 50 millones de votantes italianos están llamados a expresarse sobre 5 preguntas de referéndum, promovidas por los radicales y la Lega. Y el 15 de junio, cuando el desenlace ya sea seguro, el Senado examinará la reforma del CSM y del Poder Judicial presentada por la Custodio de los Sellos Marta Cartabia y objeto de una larga negociación. Dos caminos paralelos que ahora se cruzan. Los italianos están llamados a expresar su opinión sobre la ley Severino, las medidas cautelares, la separación de carreras y las evaluaciones de los jueces, y los candidatos para el CSM.
Quórum desconocido
Estas tres últimas cuestiones se superponen con el paquete de Cartabia. Según los promotores, sin embargo, la consulta no tiene sentido. Y el resultado que estamos viendo es sobre todo la participación: el referéndum derogatorio para ser válido requiere la participación de la mitad más uno de los que tienen derecho a voto. Un objetivo, el del quórum, que de ningún modo se da por sentado. La Liga juega mucho en esta consulta y en los últimos días ha comenzado un bombo contra lo que el secretario Matteo Salvini ha definido como una “censura” mediática. “Para romper el muro del silencio”, el senador de la Liga Norte, Roberto Calderoli, anunció que ayunará “mientras yo permanezca de pie”: una protesta no violenta siguiendo el ejemplo de Marco Pannella. Aquí hay un resumen de lo que preguntan las preguntas.
Incandiabilidad y decadencia
El referéndum número 1, marcado con tarjeta roja, se refiere a la derogación de la Ley Orgánica de las disposiciones en materia de incumplimiento y la prohibición de ejercer cargos electivos y gubernamentales resultantes de sentencias firmes por delitos no culposos. En esencia, pregunta a los electores si pretenden eliminar las disposiciones introducidas en 2012, con la ley impulsada por la entonces ministra de Justicia Paola Severino, que prevén la incandiabilidad, inelegibilidad y caducidad automática de quienes hayan sido condenados definitivamente por algún delito. tipos de delitos, desde la mafia al terrorismo pasando por los contra la administración pública. Estas reglas se aplican a concursos electorales de todo tipo, desde el parlamento hasta las administraciones locales. Con el sí, en cambio, se cancela el automatismo: debe corresponder al juez, en cada momento, decidir si, en caso de condena, procede imponer también la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. oficina pública. Quienes se oponen creen que no se debe derogar un texto que representa la mayor intervención en la lucha contra la corrupción en los últimos años.
Detención preventiva
La pregunta número 2 (tarjeta naranja) interviene sobre la limitación de las medidas cautelares, con la derogación de la última frase del art. 274, párrafo 1, letra c), código de procedimiento penal, en materia de medidas cautelares y necesidades cautelares, en un proceso penal. Actualmente, la prisión preventiva puede ordenarse en los casos en que se identifique un posible riesgo de contaminación de pruebas en una investigación, de fuga de los investigados y el “peligro concreto y actual” de reincidencia. La pregunta de referéndum propuesta interviene sobre este último aspecto, pidiendo limitar los casos en los que se puede ordenar la medida cautelar por riesgo de reincidencia. Quienes sostienen las razones del ‘Sí’ pretenden derogar la hipótesis de reiteración para algunos delitos de penas menores y para el delito de financiación ilícita de partidos. Quien está por el no destaca que el código ya prevé límites, pues la prisión como medida cautelar es posible para delitos que impliquen pena privativa de libertad no menor de cinco años.
Separación de carrera
Con la tarjeta amarilla (referéndum número 3) se llama a los votantes a expresar su opinión sobre la separación de funciones de los magistrados. La cuestión exige la derogación de las normas sobre el poder judicial que permiten a un magistrado pasar de las funciones de fiscal a las de juez, y viceversa. Por el momento hay cuatro posibles cambios de función durante la carrera. También interviene en la materia la reforma de la ministra de Justicia Marta Cartabia que está a consideración del Parlamento, reduciéndola a una sola, en el plazo de 10 años desde la primera asignación. El referéndum pretende que la elección sea definitiva: si pasa el Sí, el magistrado deberá elegir la función de juez o fiscal al inicio de su carrera, y luego mantener esa función durante toda la carrera, con el objetivo de distinguir claramente quién juzga. de quién acusación. Un tema complejo, que la política ha discutido largamente. Quien está por el No sostiene que esto introduciría efectivamente la separación de carreras (para lo cual se necesitaría una competencia separada para acceder a la judicatura para jueces y fiscales y un doble CSM) sin cambiar la Constitución.