El poder judicial en nuestro país ha decidido enviar a 4.000 personas una carta para registrarse en la prisión. El servicio de enjuiciamiento público hace esto en respuesta al acuerdo de pensión que el gobierno federal cerró la semana pasada. El sistema penitenciario llama a la promoción “simplemente irresponsable”, porque ya hay espacio demasiado corto.
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