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El escritor es presidente del Departamento de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, profesor de la Universidad de Georgetown y autor de ‘Corea: una nueva historia del Sur y del Norte’.
Cuando el presidente Joe Biden se preocupa por Corea, sus pensamientos normalmente se centran en la imprevisibilidad del líder norcoreano Kim Jong Un, su uso de armas nucleares y su despliegue de tropas para apoyar la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Sin embargo, el caos político de esta semana en Corea del Sur ha suscitado la preocupación de que un socio clave de Estados Unidos en la estrategia del Indo-Pacífico, las cadenas de suministro de semiconductores y la lucha contra el ataque de Rusia a Ucrania pueda convertirse en la última víctima del retroceso democrático.
La declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol se remonta a los días de los dictadores militares coreanos hace casi medio siglo. Sus acciones han abierto un período prolongado de inestabilidad política en Corea del Sur en el momento más inoportuno, con amenazas crecientes de China, Corea del Norte y Rusia. El único resultado identificable en este momento es la destitución del presidente en ejercicio, pero el momento y la forma de este proceso podrían tener un alto costo económico y político para Corea, Estados Unidos y el mundo.
La dinámica de la crisis política en Corea no debería parecerle desconocida a Occidente. La polarización, la demonización de los rivales democráticos y la utilización de instrumentos gubernamentales como armas llevaron a los partidos gobernantes y de oposición a una crisis precipitada. Las bases se sentaron en abril cuando el partido de oposición arrebató el control de la legislatura unicameral de 300 escaños en las elecciones nacionales. Desde entonces, el Partido Demócrata ha bloqueado la legislación del presidente y ha retrasado el presupuesto nacional.
Además, se ha desatado una lucha política a cuchillo entre líneas partidistas. Los fiscales afiliados al gobierno han perseguido al jefe del partido de oposición acusándolo de corrupción, y elementos antigubernamentales demonizaron a la esposa del presidente por su gusto extravagante en bolsos de diseñador y su cuestionable acaparamiento de regalos. Los rumores políticos en las calles de Seúl hablaban de importantes manifestaciones callejeras en diciembre contra el gobierno. Era un barril de pólvora a punto de explotar, y el encendido se produjo con la sorpresiva decisión de Yoon de decretar la ley marcial la noche del 3 de diciembre.
Esta no es la primera vez que Corea del Sur ha visto crisis políticas, pero éstas a menudo terminaron de manera que reafirmaron el temple democrático del país. Por ejemplo, en 2016, todos los fines de semana comenzaron protestas callejeras pacíficas por parte de profesionales de negocios, familias, trabajadores y estudiantes y llevaron a la destitución de la presidenta Park Geun-hye el año siguiente, seguida de una elección extraordinaria ordenada constitucionalmente que se llevó a cabo sin problemas.
En 2022, Yoon fue elegido presidente por un margen de victoria más estrecho que Joe Biden en 2020. Pero nadie alegó fraude electoral ni relleno de urnas, y nadie irrumpió en la capital como en Washington en enero de 2021. El perdedor admitió su derrota en horas del conteo final y felicitó al ganador. Estos incidentes subrayan que Corea del Sur es una de las democracias más vibrantes, aunque bulliciosas, de Asia.
Pero esta vez la resiliencia de la democracia es incierta. Aunque Yoon devolvió las tropas a sus cuarteles después de que la legislatura nacional anulara su decreto de ley marcial, la crisis está lejos de terminar. Más del 70 por ciento del público quiere que Yoon salga, pero el partido gobernante aún no se ha sumado al llamado del partido de oposición para un juicio político. La crisis ya ha precipitado protestas populares en el centro de Seúl; éstas sólo crecerán en ausencia de una solución rápida. El presidente se ha negado desafiantemente a renunciar y puede intentar encarcelar al líder del partido de oposición por cargos de corrupción, descalificándolo para postularse en las próximas elecciones. No se sabe cómo terminará esto, pero el escenario de pesadilla sería el regreso de los militares a las calles. La ira y la frustración de Yoon podrían llevarlo a una segunda declaración de emergencia en medio del caos político.
Un escenario así tendría consecuencias nefastas para la democracia coreana. Los militares estarían bajo presión para desobedecer a su comandante en jefe. El mercado de valores podría caer en picada y la confianza empresarial se enfrentaría a una presión a la baja. Se podría incentivar a Corea del Norte a explotar la inestabilidad política con alguna acción militar en la “zona gris”, como llevar a cabo su amenaza de declarar una nueva frontera marítima con el Sur con la esperanza de que Seúl estuviera demasiado distraído para responder.
Hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido una postura cautelosa, sin alinearse con ninguna de las partes y centrándose en la necesidad de respetar el estado de derecho y el proceso constitucional mientras los coreanos buscan resolver la crisis. Pero una segunda declaración de ley marcial obligaría a Washington a actuar contra un presidente surcoreano que ha sido un partidario singularmente incondicional de la alianza y de las políticas exteriores generales de Biden en Asia, la seguridad económica y la guerra en Europa.
Es irónico el hecho de que Yoon –quien hizo del apoyo a los valores democráticos y la libertad el tema del papel global de Corea del Sur y de su presidencia– pueda ser recordado por las acciones más antidemocráticas tomadas en casa. Su destitución como líder es casi segura pero, es de esperar, no a costa de la democracia, la seguridad y la prosperidad del país y de todos los que trabajan con él.
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