“Otro fallo antiitaliano más de un juez comunista”, respondió Matteo Salvini, viceprimer ministro y presidente del partido derechista Lega, después de que un tribunal de Roma dictaminara el 18 de octubre que un grupo de inmigrantes de Italia había sido trasladado a nuevos centros de acogida en Albania, no se le permitió permanecer allí. “Si te sientes comunista, quítate la toga y participa en las elecciones”, dijo Salvini.
El presidente del Senado, Ignazio La Russa, colega de partido de la primera ministra Giorgia Meloni en la derecha radical Hermanos de Italia, señaló que los magistrados “deben respetar que la derecha ganó las elecciones”. Insinuó una posible reforma constitucional que podría “aclarar la relación entre política y magistratura”. Y el Ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani (del partido liberal de derecha Forza Italia) acusó a “un pequeño sector de magistrados de izquierdas” de ataques por motivos políticos contra la Primera Ministra Giorgia Meloni “al igual que antes contra Silvio Berlusconi”, el ex Primer Ministro que El año pasado murió el fundador del partido de Tajani.
Estos son algunos ejemplos recientes de una creciente brecha entre los políticos de derecha y la magistratura en Italia. Y se refiere periódicamente a cuestiones relacionadas con la migración.
Este tipo de comentarios contribuyen a crear un clima de tensión, afirma la jueza Lilli Arbore (60) a través de una videoconferencia desde Bari, en el sur de Italia. “Los magistrados sufrimos ataques políticos que no buscamos nosotros mismos, pero no evitamos la confrontación y hablamos con una sola voz como grupo profesional”.
La jueza Silvia Albano –una de los seis jueces que dictaminó que el primer grupo de inmigrantes que Italia envió a Albania no podía quedarse allí– ha recibido desde entonces amenazas de muerte y ha tenido que ser mantenida a salvo. “Este es un momento absolutamente crítico”, afirma su colega Lilli Arbore.
La sentencia relativa a los inmigrantes se comparó con una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, recuerda el juez Arbore. “En primer lugar, somos jueces europeos, sujetos a las leyes y normas europeas”. Además, los magistrados italianos “son ciertamente también ciudadanos, cada uno con sus propias creencias. Pero como magistrados interpretamos la ley. El poder judicial existe junto con los poderes ejecutivo y legislativo. No estamos al servicio de la política”.
‘vestidos rojos
El intenso enfrentamiento entre los partidos de derecha del gobierno y la magistratura recuerda inevitablemente al período de Berlusconi. Durante el incesante flujo de demandas en su contra, Berlusconi arremetió regularmente contra los que consideraba “jueces comunistas” y “túnicas rojas”.
En comparación con entonces, Valentina Stella, especialista judicial en la revista jurídica ‘El Dubbio‘, una diferencia significativa. “Berlusconi libró una guerra con la magistratura por la necesidad de defenderse durante sus juicios”. Su período en el cargo se volvió infame porque el parlamento aprobaría una serie de leyes hechas a medida para Berlusconi o sus empresas. “Giorgia Meloni, por el contrario, está decidida a reformar varias cosas en el sector jurídico, basándose en su visión política de la justicia”, afirma Stella.
Ya se han implementado una serie de reformas que ya han causado revuelo en los círculos judiciales. Por ejemplo, el delito de “abuso de poder” (anteriormente denominado “corrupción pasiva”) por parte de funcionarios públicos ha sido abolido. Por ejemplo, un alcalde podría ser procesado por haber hecho un favor a una empresa o una persona, o un policía podría ser acusado por haber impuesto una multa erróneamente.
Los funcionarios públicos podrían ser procesados independientemente de si su acción –o la falta de ella– les proporcionó un beneficio material personal. Los opositores calificaron la ley de tan amplia y vaga que los funcionarios ya no se atreverían a actuar. También señalaron que ni siquiera tantas demandas resultaron de la ley. Pero algunos expertos jurídicos consideran que este último es un argumento bastante endeble para abolir una ley.
La introducción del “interrogatorio preventivo” también ha generado bastante controversia. Antes de detener a un sospechoso, a partir de ahora se le debe informar que está siendo investigado, a menos que exista riesgo de fuga o de que el sospechoso pueda alterar pruebas. Los partidarios de este cambio afirman que en el pasado se detuvo preventivamente a demasiadas personas y que esto supone un impulso para los derechos de la defensa. Pero los investigadores judiciales señalan que ya no se produce ningún efecto sorpresa para el sospechoso durante el primer interrogatorio. Dicen que pierden una ventaja importante durante la investigación.
Intervenciones telefónicas
Además, la mayoría italiana está trabajando para limitar la duración de las escuchas telefónicas durante las investigaciones penales, con excepción de los casos de mafia y terrorismo y los delitos relacionados con el género. Pero la reforma más importante, que también suscita mayor preocupación entre los magistrados, se refiere a la intención de separar estrictamente las carreras de fiscales y jueces –la “magistratura permanente y en ejercicio”- desde el principio.
“Los fiscales temen convertirse en una especie de ‘superpolicías’ y que, sin conexión con los tribunales, corren el riesgo de volverse demasiado sensibles a las orientaciones políticas sobre qué delitos deben o no procesar”, explica Valentina Stella. “A los jueces les preocupa que su función se vea erosionada en beneficio de los fiscales”.
En cualquier caso, a ambos grupos les preocupa que si se rompe el vínculo cultural entre los fiscales y los tribunales, el poder ejecutivo pronto aumentará su influencia en el sistema legal. La propuesta aún enfrenta un largo proceso parlamentario, al que seguramente seguirá un referéndum. “La separación de carreras ya era un caballo de batalla del ex primer ministro Berlusconi, pero finalmente no la llevó a cabo, por miedo a que algunos magistrados lo persiguieran aún más”, dice la especialista judicial Stella. La mayoría de derecha en torno a Meloni está ahora decidida a implementar el plan.
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