
El escándalo que rodea a la influencer más famosa de Italia, Chiara Ferragni, se extiende cada vez más y ahora también afecta a la política. Ante las acusaciones de competencia desleal en relación con supuestas acciones caritativas contra Ferragni, el gobierno italiano quiere garantizar una mayor transparencia en estos casos. El gabinete de la primera ministra Giorgia Meloni acordó el jueves normas y controles más estrictos para las actividades comerciales con fines benéficos.
Desde finales del año pasado, Ferragni ha estado en el centro de un escándalo relacionado con la publicidad engañosa de los productos que promociona. Se dice que la mujer de 36 años se enriqueció personalmente vendiendo pasteles navideños para una supuesta buena causa. Dijo que donaría una gran parte de las ganancias a una sala de cáncer infantil. Sin embargo, el hospital no recibió ni un centavo de ella. La fiscalía está investigando ahora. Sin embargo, también existen dudas sobre el acercamiento a otros productos que promociona y que tienen una buena causa.
En el caso de productos cuyos ingresos se destinen supuestamente a fines benéficos, en el futuro se deberá indicar de forma transparente y clara el objetivo de la donación y el destinatario de la donación. Además, deberá indicarse la cantidad o proporción exacta destinada a fines benéficos, tal y como recoge el proyecto de ley acordado por el gobierno en Roma. Las infracciones darán lugar a sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros.
Otra novedad es que se deberá comunicar a las autoridades antimonopolio el plazo dentro del cual se abonará el importe a donar. Aunque los políticos del gobierno nunca citaron el asunto Ferragni como motivo del nuevo proyecto de ley, su plan es visto como una reacción al mismo. Los medios hablan incluso de la “ley Ferragni”. (dpa)



