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El debate sobre los vehículos eléctricos en el Reino Unido está plagado de historias de miedo sobre costes ocultos, credenciales medioambientales sospechosas, duración de la batería, combustibilidad y falta de puntos de carga.
Esto último es desalentador para los automovilistas que están considerando hacer el cambio. Pero las preocupaciones, como la mayoría de las demás, son exageradas.
Los fabricantes de automóviles quieren un rápido aumento de las instalaciones públicas de carga para ayudar a alcanzar nuevos objetivos ecológicos. El grupo de telecomunicaciones BT ha declarado planes para convertir los gabinetes de carretera, tradicionalmente utilizados para cables, en cargadores de vehículos eléctricos.
En total, el Reino Unido tiene casi 54.000 puntos de carga públicos, en comparación con 1 millón de vehículos totalmente eléctricos, una proporción de poco más de 18:1. Pero la aplicación de carga Zapmap estima que también hay más de 680.000 puntos de carga domésticos y laborales, los lugares en los que la mayoría de los conductores recargan sus baterías.
De hecho, el Reino Unido ocupa la mitad de la tabla en un grupo de 10 grandes economías al comparar la proporción de vehículos enchufables en las carreteras, incluidos los híbridos, con los cargadores estándar.
Sin embargo, las proporciones son imperfectas, dado que los vehículos eléctricos son una tecnología relativamente nueva, dice Ralph Palmer, del grupo de campaña Transport & Environment: aún no está claro qué necesitaría un mercado británico dominado por los vehículos eléctricos. Estas medidas también enmascaran el impacto de las velocidades de los cargadores. Un cargador ultrarrápido en una estación de servicio serviría a más automóviles en un día que una alternativa lenta en la acera.
Los ministros del Reino Unido apuntan a tener 300.000 cargadores públicos para 2030. Las tasas de implementación están mejorando. El año pasado se añadieron más de 16.600 puntos, según Zapmap, un aumento interanual del 45 por ciento. Si las adiciones anuales aumentaran al mismo porcentaje, la ambición de 300.000 se superaría a finales de 2028.
Las cifras más altas son más difíciles de sostener a medida que los mercados se saturan más. Pero hay motivos para el optimismo. BT no es la única empresa con ambiciones en este ámbito: las grandes petroleras también están introduciendo cargadores, especialmente en las estaciones de servicio.
Shell está comprometiendo 500 millones de dólares al año en gastos de capital en 2024-25 para ampliar su huella de carga de vehículos eléctricos a nivel mundial, incluido el Reino Unido. La empresa privada Osprey, que instaló 400 cargadores públicos en el Reino Unido entre 2018 y finales de 2022, elevó su tasa anual a 600 en 2023.
Hasta ahora, el sector privado ha financiado en gran medida el despliegue. Sin embargo, los ministros han acordado un fondo de 450 millones de libras que permitirá a las autoridades locales subsidiar los puntos de carga en áreas desatendidas. Es importante destacar que el fondo “Levi” brindará apoyo a las autoridades locales que no tienen los recursos para elaborar planes de cobro.
La carga pública debe expandirse para respaldar el mercado de vehículos eléctricos. Pero el coste de los vehículos eléctricos, y no una infraestructura de carga insuficiente, es el verdadero obstáculo para su adopción.
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