Tras el bis del Cuota 103 en la versión “penalizada”, el Gobierno frena la carrera pensiones. Pero la hipótesis de una reforma orgánica está lejos de ser descartada porque sigue siendo un objetivo que el Palacio Chigi pretende alcanzar al final de la legislatura. Aún llevará algún tiempo comprender cómo se reorganizará el marco de seguridad social de nuestro país. Pero una primera indicación vino de Giorgia Meloni en lo que se convirtió en la rueda de prensa de “principio de año”: la sostenibilidad del planeta de las pensiones “debe construirse con equilibrio: el mejor sistema posible pero igual para todos”. El punto de llegada sería el de racionalizar las distintas normas que en muchos casos diferencian especialmente las salidas anticipadas.
Y el denominador común, en la línea de lo ya previsto por la última ley presupuestaria, debería ser la plena adopción del método contributivo para cualquier jubilación antes de los límites de vejez. Todo ello acompañado de una mayor cobertura de la seguridad social para los jóvenes, dando un fuerte impulso a la seguridad social complementaria que, por el momento, se ha quedado sin nuevas prestaciones debido a los limitados recursos de los que dispone el ejecutivo. Sigue siendo una incógnita qué sucederá en 2025. Si aún no ha llegado el momento de la reforma -o de la adopción de la Cuota 41 nuevamente en la versión contributiva, que la Liga sigue impulsando- el gobierno tendrá que decidir si confirma más durante 12 meses la Cuota 103 en el formato actual o pasar a la Cuota 104, que ya había aparecido en los primeros borradores de la maniobra.
La sostenibilidad del sistema de seguridad social
En el último dossier de la Contaduría General del Estado sobre seguridad social, se estima que en 2040 el gasto en pensiones representará el 17% del PIB, con una tendencia aún más sostenida que la actual, que ya es nada desdeñable, como se desprende de la estimación presupuestaria del INPS para 2024, que para el próximo año indica unos gastos pagados por el Instituto en concepto de prestaciones de pensiones de 310.700 millones, un 5,19% más que en 2023. Unas estimaciones ciertamente poco tranquilizadoras que Bruselas sigue atentamente. Por esta razón el gobierno repite que no se puede ignorar la sostenibilidad del sistema. Que, según el primer ministro, debe construirse con equilibrio.
La invitación del gobierno a los interlocutores sociales
Giorgia Meloni reiteró que la cuestión de la seguridad social debe abordarse con los interlocutores sociales. Una invitación aceptada inmediatamente por la CISL, mientras que la CGIL y la UIL parecen no confiar demasiado en el gobierno. También porque Maurizio Landini y Pierpaolo Bombardieri han dicho varias veces que no han recibido ninguna respuesta de la ronda de reuniones del año pasado sobre las pensiones, principalmente a nivel técnico.
Salidas anticipadas contributivas y más integradoras en la reforma que viene
Al menos en lo que a mí respecta jubilaciones anticipadas La reforma que vendrá se inspirará en las medidas temporales incluidas en la ley de presupuesto aprobada a finales de diciembre de 2023 por el Parlamento. Lo que vincula esencialmente todos los canales de salida anticipada al método contributivo, neto del APE social, que de hecho es un amortiguador y que en cualquier caso ha visto aumentar el umbral de edad. Precisamente el “contributivo” se convertirá en el paso obligatorio para todas las modalidades de jubilación antes de los límites de vejez que conviene normalizar al máximo. Pero, como el gobierno ha dejado claro en repetidas ocasiones, la reforma también considerará a los trabajadores totalmente contributivos (aquellos que han estado en el negocio desde el 1 de enero de 1996), comenzando por los más jóvenes. Tras el acceso más fácil a la pensión de vejez previsto en el último presupuesto, el Gobierno intentará hacer más atractivas las pensiones complementarias, principalmente para los menores de 35 años, aprovechando las nuevas ventajas fiscales (y no sólo) que en el momento de la definición de la ley de presupuesto para 2024 han permanecido en “stand by” debido al limitado espacio disponible para las finanzas públicas.